Anticorrupción: México, Brasil y #PanamaPapers

Agendas sincronizadas. Se sincroniza la agenda local con el tema colocado en la agenda global por la divulgación de los llamados #PanamaPapers, como se identifican en la redes sociales. En la misma problemática se inscribe el paso dado por una comisión del Congreso de Brasil, que antier determinó que hay razones jurídicas para iniciar juicio contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, con miras a su destitución.

La ventilación de los expedientes panameños provocó la caída fulminante del gobierno de la pequeña Islandia, pero también apunta a los altos mandos políticos de gigantes como China y Rusia, junto al primer ministro del Reino Unido y al flamante presidente argentino, todos, al descubierto con sus movimientos de fondos ocultos en ultramar. Y siguen en la mira grandes empresarios y notables exponentes de la vida cultural, artística y deportiva de unos 50 países.

En ninguno de los medios internacionales que recibieron la filtración aparecen funcionarios mexicanos. Sin embargo, no han faltado medios locales y redes sociales empeñados en ligar al gobierno de México, sin más elementos que la sospecha, en la operación de empresarios nacionales —uno de ellos, contratista del gobierno— que sí aparecieron entre los ocultadores de fondos, supuestamente con fines de evasión fiscal o de lavado Pero lo que destacan hoy los principales medios sobre México, en sincronía con estos temas de la agenda global, es el debate de las leyes anticorrupción en que se centra el Congreso, así como el apoyo alemán a la reforma policiaca y el instrumento de cooperación para fortalecer el combate a la corrupción en México y Alemania, suscrito en el marco de la visita del presidente Peña Nieto a ese país europeo.

Incertidumbres y certezas. La delicada situación que vive Brasil tras la decisión de un órgano parlamentario de continuar el procedimiento encaminado a la destitución y la entrega a un tribunal de la presidenta Dilma Rousseff, ofrece una buena oportunidad para recordar la escala de incertidumbres y certezas que se ponen en juego al enjuiciar a los servidores públicos. De abajo para arriba, la escala empieza con la conversación de los particulares, hoy multiplicada en las redes sociales. Estos intercambios no requieren de mayores certezas para aventurar cargos contra los exponentes de todos los poderes. Bastan el presentimiento —o el resentimiento—, los miedos o las expectativas violadas para sentenciar a los poderosos por conductas sospechadas, imaginarias o sembradas por otros poderosos en guerra.

El siguiente escalón es el de los medios de comunicación. En principio obligados a aportar elementos de convicción a partir de fuentes confiables, debidamente cruzadas, los medios finalmente suelen lanzar —como verdades terminantes— meros indicios o simples declaraciones acusatorias de unos rivales contra otros, en el esquema del clientelismo de la prensa y en su condición de campo de batalla entre los poderes.

Lección. Un grado mayor de certeza es exigible a los poderes legislativos al erigirse en órganos de acusación o de sentencia en los juicios políticos y en los procedimientos para remover el fuero de los servidores públicos, a fin de que respondan a los jueces por delitos presuntamente cometidos. Y son finalmente los jueces del Poder Judicial los obligados a tomar decisiones certeras, más allá de incertidumbres o dudas razonables.

En todo caso, la lección de la semana nos muestra que no hay país en el mundo que escape del fenómeno de la corrupción, ni al margen del estrecho cerco de ojos y oídos digitales en omnipresente escrutinio sobre políticos, medios, empresas, iglesias o personas, expuestos al gran angular de las tecnologías de hoy, con su capacidad de diseminación instantánea de cadáveres en el clóset. Como tampoco hay que perder de vista que este arsenal forma parte ya de las luchas por poderes o por mercados y por la reputación, entendida como botín a arrancar al adversario o como blanco a destruir en política o negocios.

Director general del Fondo de Cultura Económica