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Muchos aspectos de la seguridad hermanan a México y a Estados Unidos. En todo el territorio de aquel país se cometen crímenes tan brutales como en peligrosas zonas de Guerrero o Tamaulipas. La exigencia estadounidense de más resultados en el combate al crimen organizado en suelo mexicano está matizada por la realidad incontrovertible de que allá los cárteles también se mueven. La gran diferencia entre ambas naciones es que allá, si bien no se erradica el problema, se reacciona ante las amenazas.
En la última década se han descubierto 181 túneles construidos por cárteles para el tráfico de drogas en los más de 3 mil kilómetros de frontera entre México y EU. De éstos, más de 150 se localizan en los límites entre California y Baja California, y 56 de ellos en los apenas 119 kilómetros de frontera entre el condado de San Diego. La franja ubicada entre las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California, está controlada por la organización criminal del recién fugado Joaquín Guzmán Loera.
Fue tal el aumento en la construcción de estas obras que a partir de 2006 se creó en el vecino país un grupo especializado en la investigación de túneles, con representantes de varias agencias gubernamentales. La pregunta obvia al conocer estos datos es si las sofisticadas técnicas que el grupo desarrolló, para detectar estructuras subterráneas fronterizas, fue compartida con México. O si no el conocimiento técnico, al menos hubo la advertencia a los homólogos del sur acerca del grado de avance del Cártel del Pacífico en estos recursos.
Desde luego, la inteligencia mexicana tiene la obligación de conocer por sí misma las capacidades de los grupos criminales. El 29 de noviembre de 2011 el Ejército mexicano halló un túnel muy similar al que El Chapo usó para escapar. Era una estructura de 572 metros de largo, revestido con madera y en el suelo un sistema de rieles que soportaba cargas pesadas. Si no se previó que lo mismo era posible debajo del penal de “máxima seguridad” del Altiplano, entonces se está pagando inútilmente del erario a más de una instancia de seguridad.
Una advertencia temprana quizá pudo hacer la diferencia en la fuga. Tal vez no, si se añade el componente de la corrupción. Del lado mexicano no hubo registro de detenidos entre 2006 y 2013 ante el crecimiento exponencial de los túneles, en tanto que tan sólo en la zona de San Diego a 18 personas se les aprehendió. Estados Unidos halló 155 estructuras subterráneas en la frontera, mientras que en México se tuvo conocimiento de apenas 16.
Hay una gran diferencia de capacidades económicas y técnicas entre Estados Unidos y México, pero el principal componente es la fragilidad de quienes trabajan en las instituciones encargadas de actuar cuando una amenaza es detectada.
