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La clase política ha sido generadora de frases que la describen tal cual. “Es un error vivir fuera del presupuesto” es una de las más conocidas. Esta expresión no puede entenderse de mejor manera que en el caso de aquellos legisladores federales que además de percibir elevados ingresos y bonos extraordinarios también se convierten en empresarios para obtener contratos de los gobiernos federal, estatal o municipales.
EL UNIVERSAL dio cuenta ayer de legisladores que, por medio de una veintena de empresas a las que ellos o sus familiares están vinculados, han obtenido más de mil millones de pesos en convenios con el gobierno federal. Este viernes se conoce que los legisladores no sólo hacen negocios con la Federación, sino también con estados y alcaldías. Desde 2012 trece empresas, de las cuales legisladores federales son socios, han facturado a gobiernos locales más de mil 700 millones de pesos; dos diputados se han beneficiado con recursos por más de mil 600 millones de pesos.
Para expertos la situación representa un potencial conflicto de intereses por hacer negocios con la administración pública. Es difícil conocer si hubo ventajas indebidas en los procesos; probablemente no, pero queda la sospecha.
Conocer con detalle cómo se ejercen las compras es una tarea inmensa. Sólo en 2011 las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno federal ascendieron a más de 83 mil millones de pesos, y la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación alcanza apenas para realizar poco menos de 2 mil revisiones a la cuenta pública de cada año. Hay muchas zonas oscuras que requieren transparentarse.
¿Cómo lograr mayores controles cuando la instancia asignada para vigilar el buen uso de los recursos públicos carece de mayor alcance? ¿Cómo evitar que los legisladores incurran en conflicto de intereses?
Una exigencia reciente es la obligación de que los funcionarios públicos presenten su declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses), pero además que la hagan pública; actualmente ellos deciden si permiten su difusión o no.
Las organizaciones civiles se han convertido en un contrapeso real al poder público. Su labor de escudriñar el ejercicio del gasto debe continuar y consolidarse; sus objetivos no son otros que colocar a México en la ruta de un país con mejores instituciones.
Sin embargo, quizá la condición más importante es la de contar con un efectivo órgano sancionador. Si no hay una consecuencia punitiva, difícilmente podrá erradicarse esa práctica. Disponer de recursos públicos de manera directa —mediante el robo burdo— o indirecta —por la obtención de millonarios contratos— es una acción que debe ser castigada sin miramientos.
