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A pesar del desprestigio que la persigue, la clase política da pocas señales de modificar prácticas y de abrirse al escrutinio. Este miércoles la diputada veracruzana Eva Cadena dijo —sin mostrar mayor prueba— que Morena utiliza recursos del Congreso local para financiar actividades del dirigente del partido y de candidatos a ediles.
La respuesta de los señalados es de que se trata de una acusación burda, sin sustento. Cadena —quien fue exhibida en videos recibiendo dinero— dijo que presentará una denuncia; precisamente es a la autoridad a quien debe dar mayores detalles de los hechos.
La historia de la propia Cadena —que ha pasado por las filas de al menos tres distintos partidos— es una práctica común en una buena parte de los políticos mexicanos: van de una agrupación a otra buscando acomodo cuando en el partido en turno ya no encuentran la vía para llegar a algún cargo de elección popular. La convicción ideológica es lo que menos importa.
La acusación de Cadena, aunque no resulte cierta, se replica de una forma u otra en los congresos estatales e incluso en el federal. Adicionales a sus ingresos mensuales, la entrega de bonos a los legisladores se da de manera frecuente sin que exista el dato preciso de la cantidad que reciben y si va directo a su bolsillo o lo invierten en su distrito.
A finales de 2016 por primera vez la opinión pública conoció por medio de las páginas de EL UNIVERSAL la existencia de un bono de fin de año para los diputados federales. No era un ingreso nuevo, por el contrario llevaba años entregándose, y se agregaba a las percepciones extraordinarias que ya recibían por el periodo navideño. La justificación de la entrega fue enredada, así como el monto. Conocer la existencia de ese bono secreto ocasionó que el monto para cada legislador disminuyera de alrededor de 350 mil pesos a “sólo 150 mil pesos”.
En la depuración de la tarea política al país le falta aún mucho por realizar. Desde exigir a los legisladores la obligación de transparentar todos los recursos que se asignan, hasta leyes que sancionen la opacidad en la que incurren, así como una efectiva autoridad sancionadora.
Este diario ha documentado que en el Congreso federal los legisladores tienen cubierto prácticamente todo con cargo al erario, desde su salud hasta las gomas de mascar. Si partidos y legisladores en verdad desean recuperar de sus representados algo de la confianza perdida, deberían empezar por transparentar el uso de ese dinero que, del bolsillo de la población, va directo a las arcas legislativas. La ciudadanía aún está a la espera.