El corporativismo en México fue un rasgo característico del régimen político conveniente para la preservación del sistema en el siglo XX. Por medio de pactos y la entrega generosa de recursos públicos, el gobierno en turno mantenía el control sobre los sindicatos de las distintas industrias. Así, garantizaba apoyo gremial cuando lo necesitara, de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, parece que aún hay resabios de ese modelo ya bien entrados en el siglo XXI.

De acuerdo con información que revela hoy EL UNIVERSAL, desde 2013 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha recibido del gobierno federal por lo menos 550 millones de pesos con el objeto de “apoyar” la implementación de la reforma educativa. El dato pone de relieve no solo la forma de ejercer los recursos públicos, sino el eventual uso político de un sindicato de trabajadores fundamental, al estilo del régimen del siglo pasado.

La reforma educativa, como es sabido, ha tenido dificultades en su implementación. Hay maestros que todavía reniegan de la necesidad de ser evaluados y de la imposibilidad de heredar sus plazas, por mencionar algunas de las principales objeciones. En distintos estados de la República, las manifestaciones contra las nuevas políticas educativas alcanzaron hace algunos meses niveles alarmantes.

En ese contexto es que el gobierno federal entregó dinero al SNTE. Si bien puede alegarse que se encuentra dentro de las atribuciones de esta administración, lo cierto es que desde el punto de vista ético es un asunto cuestionable. La dirigencia del sindicato educativo ha estado envuelta en polémica y sospechas desde hace décadas, por lo que no se garantiza que hayan cambiado prácticas o métodos en su interior. ¿El corporativismo está vivo y se mantiene funcional?

Aun cuando la solicitud de información presentada por este diario abarcó el periodo de 2013 a 2016, el gobierno federal dejó de compartir lo relativo a los años 2014 y 2015. ¿Cuánto dinero recibió el SNTE del erario durante este periodo? No se sabe, pues presumiblemente la respuesta estuvo incompleta.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos, cómo se emplean y en qué se gastan. Por estas razones, el SNTE debe rendir cuentas detalladas de cómo fueron utilizados los 550 millones de pesos recibidos en 2013 y 2016, es decir, de qué forma apoyó la implementación de la reforma educativa con ese dinero.

La SEP decidió que la implementación de la reforma educativa tenía que pasar por fortalecer económicamente al SNTE, un gremio que ha visto premiada la lealtad y castigada la disidencia. La pregunta de fondo es si ello era la única ruta en el camino a la mejora de la calidad educativa y qué resultados ha ofrecido a estas alturas.

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