Explotar al más vulnerable

Editorial EL UNIVERSAL

Cuando se habla de tráfico ilegal, se hace alusión de manera frecuente a narcóticos y armas. Pero desde hace unos años otro ilícito hace competencia a los anteriores: el tráfico ilegal de personas. Fue apenas al iniciar este siglo cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un protocolo para prevenir, eliminar y castigar ese delito, que afecta principalmente a mujeres y niños. Diez años después, debido a que el problema se elevó a magnitudes no previstas, el organismo puso en marcha un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas.

Se estima que 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata, más de la mitad de los casos para explotación sexual y en menor proporción para explotación laboral. Está presente en prácticamente todos los países del mundo, ya sea como nación de origen, de tránsito o destino. En México es un delito frecuente pero, como en casi todos los casos de criminalidad, con poco castigo.

Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un proceso contra una red integrada por siete personas de origen latino —presumiblemente mexicanos, de los cuales seis fueron aprehendidos—, que traficaban mujeres desde el barrio de La Merced en la ciudad de México, a quienes obligaban a prostituirse, y las trasladaban a Nueva York. El modus operandi de los tratantes para enganchar a la víctima es el usual en estos casos: “promesas de romance, violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzar y obligar a mujeres menores y mayores de edad a prostituirse”.

El periodista Héctor de Mauleón presentó la semana pasada un caso que puede ser referente de las miles de situaciones de trata para explotación sexual que se presentan en el país. Mayra, indígena mazahua, fue secuestrada en la ciudad de México y obligada a ejercer la prostitución en La Merced y posteriormente en la calle de Sullivan. Durante 16 años estuvo bajo las órdenes de padrotes hasta que pudo huir y recibir apoyo.

El fenómeno no es exclusivo de la capital del país. En la frontera sur, en la frontera norte, en los sitios turísticos, es un problema que está a la vista, pero no hay una línea que delimite quién practica la prostitución por decisión propia y quién de manera obligada. Para determinarlo, no hacen falta elaborados operativos de la autoridad, sino intenciones de terminar con la trata.

Quienes más sufren este ilícito son con frecuencia las más vulnerables: mujeres indígenas de escasos recursos y de zonas marginadas. Entonces, se conoce el perfil de las víctimas, cómo logran engañarlas e incluso los sitios donde ejercen. ¿Qué más datos se requerirán para frenar esta práctica inhumana?

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