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La decisión de cancelar “hasta nuevo aviso” la promulgación de las siete leyes que regirán el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manda señales poco claras a una ciudadanía que ha manifestado su preocupación por el problema. A unas horas del evento que tendría lugar hoy en Palacio Nacional, el gobierno federal anunció la suspensión de la ceremonia.
Si el aplazamiento tiene el objetivo de evaluar posibles ajustes exigidos por diversos sectores o de plantear mejoras a la ley, la medida será, sin duda, bienvenida.
Por mandato constitucional, las leyes secundarias del SNA tenían que haberse aprobado a más tardar el pasado 28 de mayo, pero que los legisladores incumplieran la ley pareció una falta menor. Por desacuerdos y por tener encima el clima de confrontación de las campañas electorales, el periodo ordinario terminó el 30 de abril sin que los partidos avalaran la nueva normatividad.
Poco importaron las presiones de la ciudadanía y de grupos civiles, ni las más de 600 mil firmas que apoyaron la iniciativa ciudadana de Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3), los legisladores cerraron sesiones y programaron un periodo extraordinario que se realizó finalmente apenas la semana pasada. En medio de sesiones no exentas de polémica, el Senado y la Cámara Baja aprobaron las leyes del SNA.
Luego de las ríspidas confrontaciones entre legisladores e integrantes de organizaciones civiles (e incluso empresariales), ¿cuál es el riesgo de que se posponga sin explicación alguna la promulgación de leyes que pueden ser el inicio de una nueva forma de percibir la política y a los políticos? La medida puede presentar diferentes lecturas; entre ellas, que el tema no es importante, que hay resistencia, que no hay prisa o que el reclamo ciudadano manifestado en las elecciones del 5 de junio puede esperar; además, claro, de que todo es para mejorar la ley.
La mayor parte de la ciudadanía la única voz que tiene para expresar su aprobación o rechazo a políticas gubernamentales es por medio del voto. En los pasados comicios se dieron ocho alternancias en gobiernos estatales, la mayor parte en estados con gobiernos del partido en el poder y en donde los mandatarios locales estaban cubiertos por la sombra de la corrupción.
Pero el resultado del 5 de junio es sólo el más reciente de los hechos que exigen mayores controles a la administración pública. Antes estuvo una encuesta del Inegi que colocó a la corrupción como la segunda preocupación ciudadana y, más atrás, datos de Latinobarómetro que ubicaron a México como el país con la menor satisfacción ciudadana con la democracia.
Ante la falta de información oficial, el aplazamiento de una decisión trascendental puede originar interpretaciones erróneas. Que la medida sea para bien, demos el beneficio de la duda.
