¿Adiós a la brutalidad penal?

Editorial EL UNIVERSAL

A finales del siglo pasado se creyó en México que la democracia y la justicia llegarían en automático tan pronto cambiara el partido en el gobierno. No fue así, porque la voluntad de cambiar no bastó para mover las vetustas instituciones autoritarias que el viejo régimen priísta afianzó durante 70 años. Mucho ha avanzado el país desde entonces; sin embargo, el sistema de justicia ha sido uno de los espacios de atraso más duros de roer.

Hace 17 años nada pasó cuando algunos indígenas fueron acusados con pruebas fabricadas, y luego sentenciados, por un delito encubierto: la matanza de Acteal. Presentar a los supuestos culpables de un crimen bastaba para satisfacer al grueso de la opinión pública. Sería hasta el año 2009 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberaría a la mayoría de los inculpados, al encontrar el atropello a las libertades del cual habían sido víctimas.

El fallo se dio en parte gracias a que en 2008 entró en vigor un cambio a la Constitución según el cual la prioridad ahora son los derechos humanos, no la necesidad del Estado de encontrar supuestos culpables a cualquier costo. Otra consecuencia fue también el diseño de procesos judiciales más cortos y eficaces para proteger a las víctimas, así como a los acusados. Y como resultado: otra reforma constitucional cuyo eje fue el cambio de un viejo sistema inquisitivo (basado en fríos e interminables procesos escritos burocráticos) a uno acusatorio adversarial, fundamentado en la expresión oral entre el juez y los involucrados en un juicio.

En el viejo sistema los Ministerios Públicos no estaban obligados a probar sus acusaciones; los jueces podían condenar a alguien sin siquiera explicar sus sentencias y las prisiones han podido ser llenadas de personas detenidas por la sola suposición —no la certeza— de que son culpables.

La Constitución dice que a partir de hoy el país debe estar listo para la plena entrada en vigor del nuevo esquema penal. Desafortunadamente, la realidad es que las instituciones mexicanas no están todavía preparadas. Así lo han manifestado quienes saben del tema, entre otros, el ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar.

Hay problemas de presupuesto, de disparidades entre estados, pero el principal obstáculo es terminar de convencer a funcionarios, abogados y a la propia población, de que meter indiscriminadamente a gente a la cárcel —sólo por sospechas— no nos acerca a la justicia. Al contrario, la entorpece.

Estamos ante un cambio de paradigma. Una vuelta de hoja en la historia mexicana. Pero el banderazo de salida de hoy fue sólo eso. Lo difícil comienza ahora.

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