La obligación de la PGR

Editorial EL UNIVERSAL

La férrea —y única— agrupación opositora a la reforma educativa se encuentra en este momento descabezada. El principal líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está hoy en prisión acusado de recibir al menos 24 millones de pesos luego de que celebró convenios ilegales con empresas a las que cobraba comisiones por la venta de productos a integrantes del magisterio; la cifra podría ascender a 132 millones, según la PGR. Horas antes fue detenido el número dos de la organización por el presunto delito de robo agraviado.

Enviar a prisión a dirigentes de la CNTE tiene implicaciones políticas y sociales que debieron haber sido sopesadas previamente. Se espera —y ya lo están anunciando— una enérgica reacción de un grupo de docentes en defensa de sus líderes que sólo podrá contenerse si se demuestra de manera pulcra la comisión de los ilícitos de los que son acusados. De comprobarse, saldrán ganando los propios maestros al sacudirse a una dirigencia corrupta y la sociedad por eliminarse trabas a la reforma educativa en un estado con graves atrasos como Oaxaca.

Desde la aprobación de la reforma, en diciembre de 2012, la posición de la CNTE ante la necesidad de modificar la enseñanza en el país fue irreductible: se resistía a perder privilegios que tenían los maestros, como la posibilidad de heredar o vender sus plazas, además de que pretendían conservar el control que tenía de la nómina magisterial en Oaxaca, pues bajo su mando se encontraba el Instituto Estatal de Educación Pública.

La CNTE comenzó con la realización de diversas movilizaciones que han ido desde tomas de plazas públicas y aeropuertos hasta plantones y marchas en distintas ciudades del país, principalmente en la Ciudad de México, Oaxaca y el estado de Chiapas.

Si bien puede ser cuestionable la decisión oficial de partir de la premisa de que la preparación de los maestros es la causa del bajo nivel educativo en el país (seguramente son muchos los factores), en la CNTE nunca se encontró disposición a ser evaluados ni a renunciar a prebendas o a plantear opciones de mejora a la educación de los alumnos. Oaxaca, hasta el ciclo escolar pasado, tenía el promedio más bajo del país en número de días efectivos de clase.

Vendrán duros cuestionamientos a la aprehensión de los líderes y calificativos como un selectivo uso de la fuerza contra grupos contrarios a la política gubernamental. Por tratarse de un movimiento de frontal oposición a las medidas tomadas en materia educativa, la PGR tiene la responsabilidad de documentar de la manera más transparente los ilícitos de los que se acusa a los detenidos. Al final, la educación saldrá beneficiada.

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