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El estado de Guerrero no para de ser noticia, para mal. Los delincuentes que secuestraron el lunes pasado a cinco profesores de una secundaria en Tierra Caliente pidieron un rescate de 15 millones de pesos. Tres millones por cada uno en promedio. Familiares y amigos salieron a las calles a recolectar el dinero en las calles, pues tienen tres días para pagar.
Historias similares se multiplican en el estado cuando menos desde hace tres años. ¿Ahora que el gobierno federal se ha comprometido a dar resultados, la paz regresará a la entidad? Plazos y metas serían la única forma de dar certeza a las familias que viven atemorizadas.
Se entiende la dificultad que representa Guerrero porque ha sido cuna de guerrillas, centro de radicalización política y más recientemente un lugar privilegiado para la producción y traslado de opio. Sumado todo lo anterior a una pobreza ancestral, hay un caldo de cultivo para la violencia.
Las razones históricas no se borran de la noche a la mañana, pero medidas extraordinarias tendrían que haberse tomado cuando menos desde 2013, año en que por primera vez Guerrero ocupó el primer lugar de homicidios dolosos y el segundo sitio en secuestros en el país. Las desapariciones de estudiantes en Iguala, el escándalo más notorio, fueron apenas la alarma más estruendosa de una descomposición acelerada de la entidad.
El 31 de enero de 2014 en estas páginas se daba cuenta de la manifestación de comerciantes, médicos y abogados en Chilpancingo para exigir a todos los niveles de gobierno una respuesta a las extorsiones, los secuestros y los asesinatos. En diciembre de ese año —y luego el mismo mes de 2015— los profesores de educación básica también protestaron porque anticipaban que serían objeto del crimen organizado tan pronto cobraran sus aguinaldos. A la postre queda constancia que el Estado mexicano fue incapaz de responder a esa demanda.
En entrevista con EL UNIVERSAL, en enero de 2015, el gobernador de ese entonces, Rogelio Ortega, explicaba: “Una decisión mal tomada puede ocasionar una catástrofe.” Se refería a la dificultad de conciliar la virulencia política del estado, la pobreza y el narcotráfico con las necesidades de seguridad de la población.
Hoy, después de tantas víctimas acumuladas en Guerrero, es hora de olvidar las precauciones políticas y lanzarse, como se hizo antes en Michoacán, a la reconquista de los espacios apropiados por el crimen organizado.
Un plan coordinado por el gobierno federal está en marcha. Esta vez no tendría que haber pretextos para evitar otro final de año con protestas de ciudadanos exigiendo que la autoridad cumpla con su obligación de darles seguridad.
