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Se reconoció ayer una injusticia que era evidente para todos, menos para las instituciones de justicia en México, que durante los pasados 15 años ignoraron los reclamos de dos militares quienes fueron dados de baja por ser portadores del virus VIH. Recibieron los soldados una disculpa de parte del Estado mexicano. Aun así, la lección es que esta, más que una victoria, es un avance para erradicar un fenómeno mucho más extendido en el país.
La disculpa corrió a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. La atrocidad no la cometió él, ni el gobierno del cual es miembro —los hechos ocurrieron en 1998 y 2001 respectivamente— pero en su calidad de representante de las instituciones nacionales, el cumplir con pedir perdón a los agraviados es una acción correcta. Se manda así un mensaje a todos los funcionarios públicos de que en adelante será observado su comportamiento ante sectores vulnerables.
Cabe prever más casos similares dentro de las instituciones mexicanas. Una prueba es el retraso en aceptar una decisión que debió haberse cumplido desde 2011, cuando se solicitó la reincorporación, atención médica y psicológica, así como una serie de indemnizaciones en favor de los dos soldados.
Los expedientes son muestra del enorme retraso en materia de no discriminación en varias zonas del Estado mexicano. Porque si bien los hechos tuvieron origen en las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo primero, y luego el Judicial, contaron con la oportunidad de corregir el error, pero no lo hicieron. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que finalmente despertó a México.
De manera increíble, ya en pleno Siglo XXI, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas discutía sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, herramienta contra la permanencia de militares infectados con VIH.
Por fortuna, a partir de la decisión del máximo tribunal se eliminó como causal de retiro del servicio activo de las armas, a los militares con VIH que posean sus capacidades cognitivas y motrices en buenas condiciones.
¿Qué hace falta por hacer? Garantizar que las instancias de supervisión y de queja ahora sí funcionen. Dos casos de militares a quienes se les reparó el daño, 15 años después de ocurrido, es apenas suficiente para sentar un referente judicial, no social.
Uno de los principales problemas del VIH es la resistencia de los individuos a diagnosticarse, lo cual resulta peligroso en una enfermedad que podría no desarrollar síntomas. La discriminación añade una razón más a esa actitud: el miedo. De los demás depende no contribuir a ello.