Visa revocada no equivale a acusación, pero tampoco inocencia, dicen expertos; ¿qué implica que EU retire el permiso?
Expertos advierten que perder la visa no prueba la comisión de un delito, aunque la medida podría anteceder a una investigación o acusación penal
Durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump, se les ha revocado la visa al menos a 50 políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con Reuters. Esto como parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos contra organizaciones del crimen organizado y presuntos aliados políticos en México.
Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo público el pasado 13 de agosto la revocación de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, acción que calificó como un acto “sin justificación y de carácter político”.
Esta medida desencadenó una serie de reacciones donde la presidenta Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y otros funcionarios de Morena denunciaron el acto como una “campaña de señalamientos” y una “intromisión extranjera a la soberanía mexicana”, según un comunicado firmado por 24 gobernadores locales de Morena y aliados, donde respaldaron a López Beltrán.
Frente a esto, expertos advierten que el retiro de visas puede estar relacionado con una acción política, y que es distinta a una sanción penal formal. Mientras que un juicio exige investigaciones y evidencias sustanciales, la cancelación de una visa opera bajo la discrecionalidad de las leyes migratorias de Estados Unidos, sin embargo, aclaran que esto no significa automáticamente la inocencia de ningún político.
Expertos en entrevista con EL UNIVERSAL califican esta medida hacia el ex secretario de organización como una “palanca de presión para obtener sus objetivos y enviar una advertencia”.
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¿Cuál es la diferencia entre una sanción y un proceso judicial?
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de política exterior en el Brookings Institution y experta en conflictos internacionales e internos y amenazas a la seguridad no tradicionales, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que “revocar o denegar visas es un paso que queda muy por debajo de una acusación penal formal. Para ello, debe haber evidencia mucho más sustancial: prueba de corrupción, colusión con grupos delictivos u otras violaciones graves a la ley”, asegura.
También en entrevista con este diario, Guadalupe Correa Cabrera, profesora y codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional de la escuela de política y gobierno de George Mason University, pone como ejemplo el contraste con el caso de Genaro García Luna: “Esto es algo bien diferente, porque en ese caso hay mucho material, evidencias, un proceso judicial, pero esto no es un proceso judicial. Huele más a política”.
Por su parte, David A. Shirk, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Diego, especializado en relaciones México-EU y política fronteriza, menciona que “si el gobierno estadounidense contara con evidencia creíble de que Andy tiene nexos con el crimen organizado, podría enfocarse en su lugar en desarrollar un proceso penal transfronterizo o una solicitud de extradición de manera cuidadosa y coordinada”.
No obstante, los especialistas aclaran que la ausencia de cargos formales no implica que Andy no pueda estar implicado con las sospechas e investigaciones que se encuentre realizando el gobierno de los Estados Unidos.
¿Por qué razones Estados Unidos puede revocar una visa?
Desde 1952, conforme a la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. (conocida en el código federal como 8 U.S.C. § 1201(i)), el oficial consular o el Secretario de Estado pueden revocar una visa en cualquier momento, sin previo aviso y por las razones que consideren.
Vanda Felbab-Brown cuenta que actualmente con la administración de Trump se han extendido las causas de retiro de visas: “lo hacen a personas que critican a su administración o que cuestionan la política exterior estadounidense. Incluso Trump revocó la visa del expresidente de Costa Rica. De modo que las motivaciones políticas son mucho más prominentes de lo que solían ser históricamente”, y añade “indudablemente, la administración Trump está utilizando las visas en gran medida como una palanca de presión para inducir cambios de política”.
“Históricamente, primero se debía reunir abundante evidencia para establecer una causa altamente probable de corrupción, criminalidad o colusión con actores contrarios a los intereses de EU (como espionaje), y esto se limitaba exclusivamente al funcionario gubernamental específico. La premisa de antes era que la revocación de la visa es un castigo grave y que no puede haber sanciones colectivas ni castigos por asociación; la evidencia debía vincular directamente a cada individuo”, agrega la investigadora.
Asimismo, la especialista plantea la hipótesis sobre los motivos detrás de los recientes hechos: “Creo que la revocación de la visa a los hijos de López Obrador probablemente forma parte de esta misma campaña contra la presunta colusión con grupos criminales, similar a la que ha tenido como objetivo a personajes como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. La administración Trump utiliza el otorgamiento o la denegación de visas como una herramienta de presión política, un instrumento para influir en la conducta individual”.
Por su lado, Guadalupe Cabrera agrega que la redefinición de los cárteles como organizaciones terroristas ha provocado cambios significativos en las campañas contra el crimen organizado: “Esta redefinición tiene implicaciones muy concretas que van desde el ámbito financiero, el congelamiento de activos y el tema de las visas. Entonces, por ahí van, puede ser un arma política más que realmente un combate al terrorismo. Esta denominación cambia y cambia la estrategia de Estados Unidos de ejercer presión sobre México y de hacer sus propias investigaciones”.
“Lo que sí sabemos es que a políticos se les ha congelado la visa porque lo pueden hacer y porque ya denominaron a los cárteles como organizaciones terroristas y mientras se hacen las investigaciones y los vinculan a algún espacio o paraíso fiscal donde están narcos y ellos pues también los pueden acusar, ¿no?”, comenta la codirectora.
¿EU puede devolver visas a políticos?
Felbab-Brown considera la posibilidad de que las visas puedan ser restituidas a políticos a cambio de algunas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos: “De hecho, se ha reportado en medios estadounidenses que a personas a quienes se les revocó la visa, como el gobernador Durazo, se les concedió posteriormente algún tipo de visado, como un acceso humanitario para tratamiento médico, o ante la posibilidad de que colaboren con las autoridades de procuración de justicia estadounidenses”.
Además cuestiona una posible moneda de cambio entre el gobierno estadounidense y mexicano: “El gobierno mexicano no tiene realmente muchas opciones sólidas. Puede intentar hacer cabildeo ante la administración Trump en favor de políticos individuales y quizás de sus familias. Sin embargo, la cuestión es qué pedirá la administración Trump a cambio, ¿insistirá en la extradición de ciertos políticos para restituir la visa de otros?”, cuestiona.
Por otro lado, David A. Shirk dice que no hay un proceso establecido para llegar a un acuerdo: “Nunca he sabido de un caso en el que el gobierno de EE. UU. haya revertido su decisión, aunque tal vez existan. En realidad no existe un mecanismo de apelación establecido ni ningún tipo de debido proceso”.
Sobre el impacto simbólico que genera la revocación de visas, Guadalupe Cabrera dice: “Finalmente estás bajo el escrutinio público y todo el mundo te puede acusar de narcoterrorista. Entonces, de alguna manera sí te estigmatiza como político, en tu carrera, en todo”.
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“No existe un daño a la soberanía”, advierten expertos
Frente a los señalamientos de injerencismo expresados por el gobierno mexicano, los especialistas coinciden en que la cancelación de un visado pertenece estrictamente al ámbito del derecho territorial.
“Esto no constituye una vulneración a la soberanía mexicana. Si Estados Unidos filtrara información perjudicial sobre un candidato político mexicano o emprendiera una campaña en redes sociales para inclinar la balanza en una elección, eso sí constituiría claramente una injerencia política”, menciona David A. Shirk.
Por su lado, Guadalupe Cabrera sostiene que “Estados Unidos, le puede quitar la visa a quien quiera, por lo que quiera, por una investigación, porque hay una alerta, por lo que quieran, Por eso no tienen que decir absolutamente nada. Ellos lo pueden hacer. Son sus visas, ellos saben y ellos pueden decidir quién entra y quién no entra al territorio y no deben dar información. Eso es una política meramente que no viola ninguna soberanía”.
¿Consecuencias en el futuro?
La investigadora Vanda Felbab-Brown señala que la pérdida del documento no descarta la apertura de un expediente posterior: “Asimismo, es importante entender que denegar una visa no es necesariamente un fin en sí mismo; puede ser solo un primer paso para construir evidencia sólida hacia acusaciones penales formales”, dice.
Sin embargo, David A. Shirk aclara que el impacto inmediato de la medida reside en el ámbito de la percepción pública:
“No está claro que Estados Unidos tenga un expediente sólido para procesar penalmente a López Beltrán, ni tampoco que vaya a promover un juicio en su contra. Retirarle la visa es una forma de sugerir culpabilidad de manera implícita. La respuesta corta es que esto es claramente una palanca de presión (Andy puede ser corrupto o tal vez ingenuo, pero no es una amenaza inminente para la seguridad)".
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jc