"A Tomás, su tez y su raíz indígena lo criminalizarón”

Toluca, Méx.— Tomás Gabriel Crisanto es esposo de Carmela Flores Anastasio, fue sentenciado a 44 años de prisión por un homicidio del que no pudo defenderse, pues no habla español, y pese a que intentó explicar al juez su inocencia, de su boca sólo salieron algunas palabras en idioma otomí que nadie comprendió. Se encuentra internado en el penal de Almoloya de Juárez.

Fue su hija Liliana Gabriel quien emprendió la lucha para liberarlo de la cárcel, pero a ella la venció la leucemia y falleció hace dos años, por lo que Carmela se encargó de continuar la exigencia, pues evidenciaron las irregularidades en el proceso contra Tomás y las violaciones a sus derechos.

Carmela explicó que cuando lo detuvieron los policías de investigación no presentaron una orden de aprehensión, él se presentó de forma voluntaria a declarar sobre los hechos, en los que afirma no estar involucrado, pero al no saber leer y tampoco comprender el español, su esposa no logró comunicarse con su defensor de oficio ni autoridad alguna que le explicara las razones de la aprehensión.

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Tomás y los defensores de este matrimonio han demostrado la tortura de la que fue víctima, apenas con una delgada voz y con problemas para expresarse, Carmen dice que ejercieron una violencia tan cruenta que no hubo una sola parte de su cuerpo sin dolor. De cabeza a pies, pasando por sus genitales, hubo lesiones que se borraron de la piel, pero no del recuerdo.

“Recibió choques eléctricos, le dieron golpes en la cabeza, puñetazos en la cara, fue criminalizado, no hubo un argumento sólido por parte de la autoridad, su tez y su raíz indígena lo criminalizaron”, lamentó su esposa.

La reapertura de estos casos, es una resolución “inédita”, que prevé la liberación de “inocentes” que han cumplido décadas de sentencia, enfrentado tortura dentro de la cárcel, extorsiones y amagos, son presuntos responsables de delitos graves que no podían alcanzar el beneficio de la amnistía, pero casos fabricados que no tienen sustento, afirmó Antonio Lara Duque, representante de la organización Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).