El Efiartes, cuya convocatoria cerró el 25 de abril, tiene lineamientos que rebasan las 80 cuartillas y sus exigencias complejas representan un freno para la comunidad artística, en palabras de la actriz Dobrina Cristeva, coordinadora del Consejo Comunitarios para la Legislación de las Artes Escénicas.
Efiartes es un estímulo fiscal que nació en 2011 con el nombre de Efiteatro y estaba destinado exclusivamente a dicha disciplina. Seis años después cambió su nombre a Efiartes e incluyó más categorías en su convocatoria. El antecedente directo, su modelo, es el Eficine, creado en 2006, y que permite que las personas morales y físicas puedan destinar sus impuestos para gestionar proyectos de la comunidad artística y no directamente a las arcas de Hacienda.
Para la activista y crítica de arte María Minera “no se trata de un dinero extra que los ciudadanos y las empresas deciden dar como grandes benefactores de la cultura. Es el pago de impuestos que de cualquier manera se tendría que estar dando. Lo que se había logrado era que una parte pequeña de ese dinero se use en cultura”, afirma.
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Desde 2019 se han distribuido menos recursos del Estímulo Fiscal, teniendo su peor resultado en 2021 con el beneficio a únicamente 52 proyectos y la distribución de 78.6 millones de pesos de los hasta 200 millones disponibles anunciados, según el Análisis Efiartes 2011-2021, que el Colegio de Productores de Teatro le hizo llegar a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto el pasado 14 de enero
“El gobierno actual ha modificado, a espaldas de la comunidad, la regulación de los estímulos a modo que este recurso se use lo menos posible. En sus 80 páginas de lineamientos no están reflejadas las necesidades de los artistas y gestores culturales. La regulación original la hicieron varios miembros de la comunidad y yo participé en ella”, asegura Cristeva.
Las trabas de la convocatoria, cuenta, han generado que quienes quieren acceder a ella acudan a compañías que se dedican a hacer carpetas y cobran entre 30 mil y 50 mil pesos. En 2017 se prohibió pagarles a los gestores con fondos del estímulo fiscal. Los gestores son la figura encargada de vincular a los proyectos artísticos con los contribuyentes que impulsan al Efiartes, cobran el 5% de lo que se consigue (los montos autorizados son de 2 millones de pesos y de 6 a 10 millones); por ejemplo, “si se va a disponer de 2 millones, se necesitarán 100 mil pesos para pagarle al gestor, además del armado de la carpeta que puede costar hasta 50 mil pesos”, señala la actriz.
Parte de la obligación del artista era conseguir, a través de los gestores, a una empresa que invirtiera su impuesto sobre la renta en su proyecto. “Desde 2021, la Secretaría de Cultura empezó a decir que el estímulo era para fifís, gente con vínculos privilegiados”, comenta Cristeva.
“Los artistas no tienen acceso a los directores de grandes empresas. ¿Quién conoce al jefe de una trasnacional para pedirle recursos y hacer su película? Casi nadie. Se suponía que Herrera, el anterior secretario de Hacienda, se comprometió a mejorar el funcionamiento del Efiartes. Así lo presumieron: esta vez los artistas no iban a tener que rogarle a los empresarios, pero no cumplieron su promesa. El gobierno no hace una labor para convencer a nuevos empresarios de poner dinero”, complementa Minera.
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Círculo vicioso
En aras de volver más democrática la situación, la Secretaría de Cultura y Hacienda se comprometieron a preaprobar los proyectos por su valoración artística y documentación; la promesa, asegura Cristeva, era crear otra bolsa de contribuyentes que aportara a esos proyectos.
“El trabajo lo seguimos haciendo las empresas productoras y los gestores, tratando de sumar contribuyentes y convencer a los que ya existen de apoyar nuestros proyectos”, dice.
Los 78.6 millones de pesos autorizados el año pasado, de los 200 millones disponibles, representan el 38.8 %, precisa Cristeva. El 71 % del recurso “volverá a las arcas de la nación”, porque son impuestos que, de cualquier forma, debían pagarse. “Estamos en un círculo vicioso en el que pedimos que aumenten el monto por proyecto y el monto total, y la respuesta de la Secretaría de Cul tura es que no nos pueden aumentar el recurso porque no lo agotamos. Y no lo agotamos porque justo son ellos quienes aprueban o no los proyectos”.
Resultados irregulares
Los resultados y los métodos de evaluación de la última convocatoria del Efiartes fueron analizados por el Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México. Su presidente, el productor Samuel Sosa, cuenta que al observar a fondo los procedimientos y criterios con los que los jurados dictaminan, “encontramos que no son claras las causales de aprobación y revocación de un proyecto”.
Para el productor, no hay desde la normativa una serie de criterios objetivos que permitan tener una base cierta sobre que los proyectos se están evaluando con justicia. Los proyectos deben cumplir primero con el papeleo, los procedimientos administrativos y luego ser evaluados por los jurados.
“Muchos proyectos no llegan a los jurados, so pretexto de que no cumplen con la normativa, pero, cotejando dictámenes, encontramos que los proyectos sí cumplen con la normativa. Las explicaciones que el INBAL emite en los dictámenes son genéricas, poco claras. Algunos fueron rechazados argumentando que la entidad productora no había proporcionado cierta información, y en una revisión de los proyectos presentados encontramos que la información sí se presentó. En otros dictámenes, los jurados se toman atribución de índole subjetiva. El proyecto no reúne los valores artísticos y culturales suficientes, pero ya fue estrenado, ganó múltiples premios, recibió críticas excelentes, tuvo buena recepción”, asegura Sosa.
Para el productor “eso tiene un nombre: discrecionalidad. Nos preocupa que la autoridad los marque como errores, pero es obstrucción de derechos culturales en el Efiartes 2021 para teatro. Nos parece que hay una mano que mueve que los proyectos pasen o no hacia los jurados”.
Las irregularidades tienen varias aristas, que no se limitan a sus lineamientos o los métodos de selección. Cristeva señala también una serie de regulaciones cuestionables: “En la reglamentación se exige meter cotizaciones, actualizarlas año con año, presentar el proyecto como si lo estrenara el mes que viene, firmar acuerdos con los espacios de presentación. Pero no se habla de la obligatoriedad institucional de responder en un tiempo específico. Se acercan las fechas de estreno y no hay respuestas. No hay una regulación que obligue al Comité Institucional a responder en tiempos específicos; en cambio, si se falla en uno de los puntos se tiene que pagar todo el recurso que el contribuyente dio, así como los intereses devengados. Si se falla, uno tiene que pagar de su propia bolsa sumas desorbitantes al fisco”.
Un parche para la cultura y el arte
Para la actriz Dobrina Cristeva, el estímulo fiscal se ha vuelto una cobija muy corta que pretende cubrir toda la producción artística del país que la Secretaría de Cultura dejó de apoyar.
“El año antepasado se aprobó una modalidad extraña: proyectos de gran formato sin especificar la especialidad y con un monto de 6 millones de pesos. Cuando cuestionamos al INBAL sobre por qué estaban esos proyectos ahí, no tuvimos una respuesta clara y supusimos que era para cuestiones de ópera. Tuvimos el temor de que fuera un recurso que agotaran destinándolo al apoyo de proyectos institucionales. El estímulo está creado para apoyar las necesidades económicas del sector no para suplir la falta de recursos de la Secretaría de Cultura y Bellas Artes que, por no presentar un proyecto de trabajo claro se pelean por un recurso que le corresponde al sector”, asegura la actriz.
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