En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos
La biblioteca que prometía ser la joya de la red nacional cumplirá dos décadas en medio de exigencias de 31 bibliotecarios despedidos y la decadencia de su estructura y servicio
Una de las graves problemáticas que enfrenta la Biblioteca Vasconcelos y que se ha agudizado a 20 años de su inauguración (el próximo 16 de mayo), es el deterioro de su infraestructura por la falta de mantenimiento, pues el recinto que implicó una inversión de mil millones de pesos y que fue llamada “la joya de la corona” enfrenta filtraciones de agua, falta de iluminación, desperfectos en baños, elevadores, ventanas, arcos de seguridad, salas cerradas, abandono del jardín botánico, e incluso acervo desactualizado. Y otra problemática igual de grave que arrastra desde su creación: la forma irregular de contratación de trabajadores.
Hace dos semanas, el 2 de enero, a las 7:47 de la noche, 31 bibliotecarios con más de 20 años de relación laboral con la Vasconcelos —la más importante biblioteca pública del país— recibieron un mensaje a su correo institucional, sin firma, sin sello, sin membrete, sin ningún carácter oficial, pero en el que se les indicaba que “Por instrucciones superiores, en virtud del vencimiento de su contrato como personal de carácter eventual del pasado ejercicio fiscal 2025 en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, se hace de su conocimiento que el mismo no será renovado para el presente ejercicio fiscal 2026.”
No ha habido explicación por parte de las autoridades del gran recinto en la colonia Buenavista que abrió sus puertas en 2006 entre polémicas por el alto costo de su construcción, apertura sin estar concluido (cerró al año siguiente para solventar los pendientes) y la falta de mantenimiento que, a casi 20 años de su inauguración, dejan ver un inmueble arquitectónico aún impresionante —fue diseñado por el arquitecto Alberto Kalach— pero con un deterioro que se vuelve más patente cuando carece de personal para atender todas sus áreas.
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La Dirección General de Bibliotecas —a la que está adscrita la Vasconcelos y otras 7 mil 400 bibliotecas públicas del país— tiene asignado para este 2026, 212 millones 170 mil pesos; en 2024, el último año de la pasada administración, ejerció 220 millones 443 mil pesos; pero en 2025, primer año de la Claudia Sheinbaum, y de la secretaria Claudia Curiel de Icaza, su presupuesto apenas superó los 200 millones 233 mil pesos. Aun así mantuvo los contratos a los 31 bibliotecarios que hoy están en el limbo laboral y se han quedado sin ISSSTE para la atención de esposos o madres con deficiencias renales, discapacidad, diabetes y debilidad visual.
Hasta ahora ni la Secretaría de Cultura federal ni Rodrigo Borja, titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), ni José Mariano Leyva, coordinador de la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca México —que un tiempo se soñó con convertir en el “cerebro digital” de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y que arrastra los mismos problemas— han hecho público ningún posicionamiento. EL UNIVERSAL les solicitó entrevista, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta; sin embargo, el área jurídica de la dependencia ha respondido a los trabajadores que los despedidos son por recorte presupuestal.
Cuenta David Beltrán, bibliotecario despedido, qu edurante los primeros años los contratos fueron por honorarios, pero a partir de 2010 cambiaron a eventual-confianza. “Es una contratación simulada o bastante a modo, que les permitía a las autoridades decir que al momento de que se terminaba nuestro contrato, ellos ya no tenían responsabilidad con nosotros”.
Sin embargo, David, así como Mirna Angélica Figueroa y Nora Lilia García, los tres fundadores de la Vasconcelos que pasaron cuatro exámenes para entrar, aseguran que tenían prestaciones de ley y antigüedad, por lo que su petición es la reinstalación y la basificación.
“Teníamos nuestra credencial que cada año se resellaba, comprobantes de nómina, acceso a crédito de vivienda, al sistema de pensiones, a los servicios de salud del ISSSTE, manejábamos el registro biométrico. Checábamos, cumplíamos nuestro horario, turno y todas nuestras actividades eran permanentes, eran fijas”, afirma David Beltrán.
A Mirna Angélica Figueroa el despido la afecta de manera severa: “Mi esposo tiene daño renal crónico y estaba en un protocolo para recibir un riñón. Él tiene al mes cinco consultas en diferentes hospitales. Ahorita tuvimos dos consultas para revisión de su diálisis. Vamos al Hospital Bicentenario en Tultitlán, vamos al 20 de Noviembre, para ver lo del protocolo del riñón y vamos a nuestra clínica en Ecatepec para sus medicamentos” y tiene además un crédito de vivienda.
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Desconocen los criterios de por qué decidieron despedirlos a ellos y mantener a otros 30 compañeros eventuales, varios con menos de seis años trabajando. “Es una falta de respeto a nuestra experiencia, a lo que hemos aportado. Nosotros hicimos los procedimientos de las áreas, parte de los lineamientos, aunque con el tiempo se han ido modificando según las necesidades de la biblioteca”, dice Mirna.
Nora Lilia García es madre jefa de familia, su hija estudia, y su madre de 83 tiene diabetes y requiere diálisis, las dos dependen de ella y del servicio del ISSSTE. “El ‘no sé’ o ‘no está en mis manos’ de las autoridades son palabras que a nosotros nos hacen sentir muy mal, porque no nos dan una explicación del por qué fuimos despedidos. Yo ahorita cumplo 55 años, ¿dónde voy a encontrar trabajo? Por eso queremos la basificación y la reinstauración”.
Ella tiene un laudo a su favor de 2024 para ser basificada, su número de expediente es el 4347/18, y aun así la despidieron. Como ella hay otros compañeros con laudos ganados pero despedidos. “Estoy actuando conforme a la ley. Ellos no. Deben basificarnos, incurren en una injusticia”, afirma.
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David, Mirna y Nora coinciden en un hecho que agravaría la situación laboral de la Biblioteca. Dicen tener datos de que sus tareas las están realizando becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro. “Están echando mano de ese programa para cubrir áreas que nosotros hacíamos con experiencia, con conocimiento. Nosotros capacitamos a los que están ahorita”, dice Mirna.
David Beltrán apunta que el año pasado se incrementó la cantidad de estos jóvenes, pero “por ley ellos no pueden sustituir las labores de personas que han sido separadas de sus cargos. Sería irregular, iría en contra de lo que han argumentado con respecto a estos programas”.
Los despidos, dice, son una situación extraña. “Es justamente parte de esta simulación de los contratos. La autoridad menciona que ellos ya habían concluido todo lo que tenían que pagar al terminar el contrato”.
Fabiola Romero tiene contrato de confianza, pero ella y otros bibliotecarios están solidarizados con sus 31 compañeros que, asegura, fueron despedidos injustamente. Por eso se sumaron a las protestas del 7 de enero en la Vasconcelos, y del 10 de enero, cuando sus colegas de fin de semana intentaron regresar a trabajar. También en la de Palacio Nacional, del 12 de enero, cuando entregaron su pliego petitorio que demanda su reinstalación y basificación.
“El 7 cuando llegamos, los policías que estaban a resguardo de la Biblioteca empezaron con agresiones, que tenían indicaciones de no dejar entrar a nadie y menos a los eventuales. Se hizo una trifulca, ni pudieron sacar nuestras cosas de los lockers. Al final, las autoridades dijeron que era la culminación del contrato, que sabíamos muy bien que habíamos firmado un contrato por cierto tiempo y que ya no había posibilidades de recontratarnos”.
Pese a la inacción de la autoridad, los 31 trabajadores demandan volver a laborar en una Biblioteca Vasconcelos que, aunque luce deteriorada y urgente de mantenimiento, ha sido su casa de trabajo. “Vamos a seguir luchando para lograr nuestro objetivo: la reintalacación y la basificación porque nos lo merecemos y porque ha sido injusto e ilegal la manera en que han hecho las cosas”, concluye Mirna Angélica.