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Tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas, el pasado 3 de enero, y el primer mes del gobierno sucesor que encabeza Delcy Rodríguez, se ha producido una automática redefinición geopolítica de las Américas. El arresto de Nicolás Maduro se suma a varias derrotas electorales recientes de la corriente bolivariana en América Latina, como las de Ecuador, Bolivia, Honduras y San Vicente y Granadinas, y a un repliegue de China y Rusia en el gran Caribe, que vuelve a recolocar esa región, que incluye a Centroamérica y las costas de Colombia y Venezuela, bajo la hegemonía de Estados Unidos.
Durante el primer cuarto del siglo XXI, el gran Caribe, gracias a la alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez, se perfiló como la zona de mayor resistencia a la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. La proyección de esa alianza sobre Sudamérica, durante las dos oleadas de la izquierda en el poder, no fue menor a través de la Alianza Bolivariana (ALBA) y la CELAC. Pero siempre el bloque bolivariano contó con una retaguardia en el Caribe, a través de la poderosa ascendencia de Venezuela y Cuba en el Caricom y Petrocaribe.
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La sucesión venezolana y su tutelaje por parte de Estados Unidos preservan el núcleo del poder madurista pero descontinúan algunos elementos del chavismo, especialmente, aquellos ligados a la alianza con Cuba y a la influencia del bloque bolivariano en el Caribe. Desde el verano de 2025, cuando comenzó la ofensiva naval de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, varios gobiernos de la región, como el panameño, el dominicano, el costarricense, el salvadoreño y el puertorriqueño, además de Trinidad y Tobago, que se opuso al apoyo del Caricom a Caracas, mostraron diversos grados de distanciamiento de la línea bolivariana.
Visto así, el arresto de Maduro y Cilia Flores habría sido una acción que culmina un proceso de deterioro creciente de la autoridad y el prestigio del bloque bolivariano en el Caribe. Ese deterioro está directamente relacionado con la creciente ilegitimidad del gobierno madurista, sobre todo después de las elecciones del verano de 2024, en las que Caracas no pudo mostrar evidencia de la reelección de Maduro, pero también con la caída de los principales indicadores económicos y sociales del país, el éxodo de más de ocho millones de venezolanos y el aumento de la represión.
El eventual quiebre o repliegue del eje La Habana-Caracas abre la puerta a Estados Unidos a su histórico traspatio. El Gran Caribe fue, durante todo el siglo XX, un área de prioridad en las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, con la política del gran garrote y la diplomacia de las cañoneras, Washington tomó control directo de diversas posiciones caribeñas (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá y otros puertos centroamericanos, venezolanos y colombianos), desplazando intereses de potencias europeas como España, Gran Bretaña y Francia.
Tras el bloqueo naval de Maiquetía por potencias europeas, entre 1902 y 1903, que siguió, a su vez, a las primeras ocupaciones militares de Estados Unidos de islas caribeñas, luego de la caída del dominio español en 1898, Washington lanzó el llamado “Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe”. Aquella premisa de dominación hemisférica, que frenaba agendas europeas en la región, comenzó en el Gran Caribe y se extendió a la Revolución Mexicana a partir de 1914. La invasión a Veracruz en este año, la reacción del presidente Woodrow Wilson al telegrama Zimmermann y la expedición punitiva del general Pershing contra las tropas de Pancho Villa en 1917 fueron tres de las primeras puestas en práctica de aquella doctrina.
Hasta la Guerra Fría y, con mayor claridad, hasta el giro socialista de la Revolución Cubana a principios de los años 60, aquella política de contención y subordinación de intereses europeos en el Gran Caribe logró imponerse. El gran desafío vendría con la adopción de un proyecto marxista-leninista en Cuba, la inscripción de la isla en el bloque soviético de la Guerra Fría y la instalación de misiles en 1962. La Crisis de Octubre de aquel año culminó con un precario acuerdo verbal entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el que Washington prometía no invadir la isla, a cambio de que Moscú retirara sus cohetes de Cuba.
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Tras la caída Muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la URSS en 1991, Cuba representó el mayor reto a la hegemonía hemisférica de Washington. A principios del siglo XXI, el proyecto político que impulsó Hugo Chávez en Venezuela trazó una alianza con la isla, que aprovechó y renovó los viejos lazos de La Habana con Moscú, a los que sumó redes petroleras con el Medio Oriente, especialmente con Irán y, más tarde, con China. La conexión venezolana-cubana, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y de Fidel y Raúl Castro, en las primeras décadas del siglo XXI, consolidó al Caribe como dique de la globalización liberal en la Postguerra Fría.
Una primera desestabilización a esa alternativa se produjo en el intento de normalidad diplomática entre Estados Unidos y Cuba impulsado por Barack Obama y Raúl Castro entre 2014 y 2016. Aquel acercamiento mutuo, que contó con el apoyo entusiasta del papa Francisco desde el Vaticano, comenzó desde fines de noviembre de 2013, año de la muerte de Hugo Chávez, y logró la reapertura de embajadas en 2014, la flexibilización de sanciones de Estados Unidos contra Cuba en 2015 y la histórica visita de Barack Obama a La Habana en 2016. Durante esos dos años, Fidel Castro, Nicolás Maduro, la Alianza Bolivariana y sus redes en toda América Latina mostraron su desagrado con el avance del llamado “deshielo” entre Estados Unidos y Cuba.
Con el abandono de las reformas y el entendimiento bilateral en Cuba, a partir del séptimo congreso del Partido Comunista en abril de 2016, y con el reforzamiento del embargo comercial contra la isla por parte de la nueva administración de Donald Trump, la alternativa bolivariana volvió a cobrar fuerza. Sin embargo, la crisis política y económica en Venezuela, a partir de 2017, produciría en pocos años una nueva desestabilización que llegaría, en los últimos años, al avance indetenible de la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.
Junto a la recuperación de la hegemonía de Estados Unidos en el Gran Caribe se ha producido en los últimos meses un evidente relanzamiento de las derechas en Sudamérica, que altera el equilibrio político regional. En Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, El Salvador, Honduras y Costa Rica se han constituido, o están por constituirse, gobiernos que simpatizan con posiciones de la nueva derecha o que respaldan la reciente estrategia de seguridad hemisférica de Trump. En Foz de Iguazú, a fines del año pasado, seis de esos gobiernos alentaron la aplicación de la Doctrina Donroe a América Latina.
En aquella reunión del Mercosur sólo Brasil y Uruguay se opusieron abiertamente a la ofensiva de Trump en el Caribe y el Pacífico. Ese bloque de derecha ha logrado consensuar con los dos gobiernos que le quedan a la izquierda un importante acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, pero las diferencias afloran en cada reunión de cancilleres de la CELAC, cuya presidencia protémpore pasa ahora de Colombia a Uruguay. Las elecciones en Perú y Colombia, entre abril y mayo de 2026, serán decisivas para confirmar si la balanza sigue inclinada a la derecha en Sudamérica.
En los próximos años, el gobierno de Claudia Sheimbaum deberá relacionarse con esas dos nuevas Américas: un Caribe bajo renovado control de Estados Unidos y una América del Sur escorada hacia la derecha. Se trata de un escenario muy diferente al que encontraron Andrés Manuel López Obrador, la 4T y Morena en 2018. Entonces el subcontinente no estaba dividido entre una izquierda y una derecha sino entre dos tipos de izquierdas, la progresista y democrática del Cono Sur y la bolivariana del Gran Caribe y los Andes.
La forma en que el gobierno de Amlo se relacionó con la región podría resumirse como un juego de compensaciones en el que la prioridad de la integración a América del Norte y el buen trato con Donald Trump eran contrarrestados con una protección diplomática de los regímenes bolivarianos y una política exterior partidizada en los Andes. La mejor definición de ese complejo equilibrismo se produjo en 2024, cuando López Obrador abandonó la alianza con la izquierda progresista (Brasil, Chile y Colombia) frente a la reelección forzosa de Maduro.
La presidencia de Claudia Sheinbaum y la cancillería mexicana deberán decidir en los próximos meses cómo proyectarse en el nuevo mapa político de la región. Tal y como ya se percibe en Brasilia y Montevideo, sería recomendable una reacción estrictamente realista al triunfo de nuevas derechas en Perú, Costa Rica y Colombia. Una interlocución con esas derechas permitiría, en coordinación con Brasil y Uruguay, un intento de mantener a flote la CELAC en medio del reordenamiento estratégico de América Latina y el Caribe.
De cara a los regímenes bolivarianos que quedan en pie, México podría acercar posiciones a las izquierdas progresistas de la región y no limitarse a la protección diplomática, el subsidio energético o la persistencia del doble discurso revolucionario o de la “solidaridad” y la “amistad inquebrantable entre los pueblos”. Para ello se requeriría reconocer la situación real de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sus documentados deterioros económicos, sociales y políticos, y recurrir al diseño de agendas bilaterales que realmente incidan en un mejoramiento de las condiciones de vida en esos países.
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