Defensoría Pública, justicia al alcance

La defensoría pública tiene una larga historia en nuestro país. Desde la “Procuraduría de los pobres” de Ponciano Arriaga que protegía a los infractores de escasos recursos contra los abusos de las autoridades; pasando por el derecho de contar con un abogado defensor plasmado en las Constituciones federales de 1857 y 1917; hasta nuestros días, en la Constitución de la Ciudad de México, no solo como una garantía en favor de las personas, sino también como un organismo público que lleve a la realidad el derecho humano del acceso a la justicia en nuestra Ciudad.

La defensoría pública es uno de esos temas que por su contenido humano e impacto social debe ser una labor prioritaria del Estado. La tutela judicial efectiva y la asistencia gratuita van más allá del cliché en la imagen derivada de películas, en la que un abogado de oficio se ocupa de casos sin esperanza para su defendido; la defensoría pública implementada correctamente, se convierte en un pilar del sistema judicial y del estado de derecho de cualquier sociedad, de ahí su importancia y obligatoriedad.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reveló que 7 de cada 10 personas privadas de su libertad les fue asignado un defensor de oficio, y en su Recomendación 16/2018 determinó que la defensoría es ineficiente debido a las cargas excesivas de trabajo, la falta de recursos materiales y la falta de autonomía de los abogados defensores; lo que lleva a la nulificación de los derechos de quienes representan. Esto genera que muchas personas sean víctimas de discriminación económica, ya que el ejercicio de sus derechos se ve obstaculizado por la falta de dinero para allegarse de un abogado.

Una madre divorciada que necesita obtener una pensión alimenticia para sus hijos; una familia que se encuentra ante un intestado que puede derivar en la perdida del patrimonio; la disputa contractual que amenaza con terminar las fuentes de empleo de una PYME; o la denuncia injusta de la cual un joven estudiante no sabe cómo defenderse, son algunas de los incontables casos en donde la defensoría pública podría acompañar a los ciudadanos.

Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución capitalina presenté, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para la creación del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México (IDP). Un organismo autónomo, que no dependa de ningún partido político o gobierno, con un servicio civil de carrera que no se encuentre sujeto a los cambios en la administración pública y que trabaje bajo principios de probidad, honradez, obligatoriedad y gratuidad.

Se busca crear un organismo que garantice el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil; siendo también garante del derecho a la defensa en materia penal para todas las personas que no posean la capacidad económica de acceder a estos servicios de forma privada; y obtengan así una impartición de justicia digna y eficaz, sin en el menoscabo de su patrimonio. Una meta que cualquier sociedad que se considere democrática debe alcanzar.

El acceso a la justicia es una de las demandas más sentidas y urgentes para nuestro país, por lo que un Instituto con las características que se plantean, tendría un impacto enorme en la sociedad, ya que busca fortalecer la confianza en los procedimientos legales, la inclusión de muchas personas en un nuevo modelo de impartición de justicia, más justo e igualitario; y el fomento a una mayor cultura de la legalidad entre los capitalinos.

El IDP es una medio para alcanzar la justicia tan necesaria para nuestro país y nos permite cumplir con la demanda histórica pendiente de poner al alcance un sistema judicial que NO profundice la brecha entre aquellos que pueden pagar y los que no, sino uno que permita el acceso a una justicia efectiva para todos.

#EstoyDeTuLado

@OteguiLeo