Las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana han sufrido una reducción y los recursos públicos parecen ser insuficientes para financiar los grandes proyectos de López Obrador. Sin embargo, antes que voltear a ver al equipo económico, como lo han hecho equivocadamente algunos analistas, debemos centrar la mirada en el sector energético. Mucho antes que la disminución en la recaudación del IVA, la gran caída en los ingresos del sector público obedece a un menor precio y producción de petróleo.

Sin un sector energético fuerte será imposible lograr una expansión del sector industrial y que nuestra economía crezca por encima del 4%. Alcanzar un crecimiento económico de esa magnitud depende en buena medida de tener infraestructura suficiente y de calidad en materia de gas y petróleo.

En los altos mandos del equipo económico hay una clara conciencia de esto. Por eso la política energética es un tema de preocupación entre funcionarios de Hacienda y Economía. Se cree que es un error plantear proyectos de inversión en infraestructura bajo esquemas de financiamiento obsoletos que distraen recursos públicos, así como privilegiar la inversión en generación y no en transmisión.

Les preocupa, además, la incertidumbre que se está generando para la inversión en la provisión del gas natural, el combustible más barato; que se favorezca la inversión en proyectos “aguas abajo”, sin un análisis costo-beneficio serio, e incluso que se pretenda disuadir, o incluso impedir, la inversión privada en el sector, dada la escasez de recursos y la falta de interés de los privados para invertir.

A quienes cuidan de las finanzas públicas les preocupan también los conflictos que consideran innecesarios (como haber cancelado una cumbre con Alemania sobre energías renovables, incluso el bajo perfil de los candidatos para comisionados de la CRE), que han generado ruido en medios nacionales e internacionales y afectan la inversión privada.

López Obrador recibió una compañía petrolera con el nivel de endeudamiento más alto del mundo. En un contexto así, parece poco razonable gastar cerca de un quinto del presupuesto de Pemex para embarcarse en la construcción de una refinería sin antes sanear las finanzas de la compañía. De alguna forma ese fue el planteamiento del subsecretario Arturo Herrrera.

Uno de los grandes problemas del sector energético es hoy la indefinición. El gobierno no ha dejado en claro cuál es la postura institucional en relación con la participación de los privados y la Secretaría de Energía no ofrece respuestas claras a los inversionistas. Es sabido y repetido que la secretaria Rocío Nahle simplemente no les atiende el teléfono, sea para darles una respuesta positiva o negativa. Eso solo contribuye a crear vacíos de información e incertidumbre.

Sería válido que el gobierno opte por un modelo de inversión más volcado hacia el sector público. Incluso así lo afirmó recientemente el Director Ejecutivo en México de Iberdrola, José Enrique Alba, al asegurar que un esquema de ese tipo no necesariamente sería incompatible con que las empresas privadas puedan participar en ciertos nichos. Lo que ya no resulta viable es seguir eludiendo una definición clara y ofrecer un esquema concreto de inversión en el sector energético.

Lograr que se materialicen inversiones en el sector es uno de los grandes retos para impulsar el crecimiento. Observar con desdén posibles inversiones privadas puede entenderse como una medida política legítima, pero en algún punto la 4T tendrá que evaluar si resulta sostenible hacerlo, o si requiere aplicar una mayor dosis de pragmatismo, como la que sugiere el equipo económico del gobierno.

En el sector energético reside y se juega, en gran medida, la viabilidad de la 4T. Y este sector es uno de esos en los cuales el margen de error es tan delgado que no hay lugar para confundir la política pública con la política a secas.

@HernanGomezB

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