Como parte de su despliegue en la Ciudad de México, la Guardia Nacional fue enviada ayer a patrullar nueve estaciones del Metro. Y allí, además de vigilar andenes y pasillos, interceptaron a algunos pasajeros, escogidos de manera aleatoria, para revisar mochilas, bolsas y bultos.

Ese tipo de revisiones son de constitucionalidad debatible, por decirlo de algún modo. El artículo 16 de la Constitución señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. En lo del Metro, hubo actos de molestia sin mandamiento judicial y sin causa legal aparente. Eso, en principio, no debería de suceder.

Pero algunos argumentarán que esto pasa todo el tiempo, que las mochilas o los bultos son sujetos de revisión en estadios o aeropuertos, que las policías de todo el país instalan retenes y que los tribunales han avalado en diversos momentos ese tipo de prácticas.

No sé. Tal vez, en una interpretación laxa del marco constitucional, es lícito que una fuerza de seguridad haga revisiones aleatorias a pasajeros del transporte público. Pero aún si eso es cierto, persisten muchas interrogantes: ¿sirve de algo hacerlo? ¿Previene la comisión de delitos? ¿Mejora la percepción de seguridad?

Hasta donde sé, no se ha hecho en México ninguna evaluación sistemática del impacto de revisiones aleatorias sobre la incidencia delictiva o la percepción de seguridad. En otros países, sin embargo, ese tipo de intervenciones han sido estudiadas ampliamente y los resultados no son alentadores.

En específico, una estrategia de revisiones agresivas en la vía pública, conducidas por la policía de Nueva York y conocida popularmente como “stop-and-frisk” (detener y cachear), ha sido evaluada ampliamente.

Un estudio encontró que no existía ninguna correlación entre el uso de la estrategia y la incidencia de robos en la ciudad en su conjunto (http://bit.ly/2OK0Gwj). Otro estudio encontró una disminución limitada, del orden de 2%, en la incidencia delictiva en puntos específicos (http://bit.ly/2YcdeR6). En general, la investigación académica sobre el tema concluye que prácticas como “stop-and-frisk” sirven poco o nada para evitar la comisión de delitos.

Lo que sí logran es empeorar la relación entre la policía y la comunidad. Un estudio del Vera Institute, un centro de investigación estadounidense especializado en temas de seguridad y justicia, encontró que el uso de ese tipo de tácticas tiende a reducir la confianza en la policía y la disposición de los ciudadanos (particularmente los pertenecientes a minorías raciales) a denunciar delitos violentos (http://bit.ly/2yl4n0j).

La razón de ese efecto es clara: las revisiones “aleatorias” nunca son realmente aleatorias. Tienden a concentrarse en grupos específicos de población, particularmente en hombres jóvenes de minorías raciales. Pero, por si fuera poco, en el 90% de los casos, las revisiones no encuentran nada remotamente ilegal. En Nueva York, según datos del propio departamento de policía, se encontraron armas de fuego solo en el 0.2% de las revisiones (http://bit.ly/2MtmRnl). Todo eso lleva a las comunidades a ver a la estrategia como algo eminentemente injusto.

En resumen, se está usando a la Guardia Nacional para algo que, con toda probabilidad, no funciona para prevenir delitos. Y no solo no funciona, sino que posiblemente tiene un efecto perverso: reduce la confianza de la población (o de subgrupos importantes) en la corporación. Es decir, los recursos escasos de la Guardia están siendo usados para algo que es peor que inútil.

alejandrohope@outlook.com. @ahope71

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