Aunque FGR acreditó que la compra de la casa del Foro Consultivo fue legal, acusó a los 31 científicos

Conacyt y Fiscalía mantuvieron la acusación contra exintegrantes del Foro Consultivo, sin considerar que peritos de la Fiscalía concluyeron que la compra no fue con dinero del erario sino con recursos autogenerados

Aunque FGR acreditó que la compra de la casa del Foro Consultivo fue legal, acusó a los 31 científicos
La casa está en la avenida Melchor Ocampo, Coyoacán. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL.
Ciencia y Salud 05/12/2021 22:56 Antonio Díaz Actualizada 08:14
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A pesar de contar con las escrituras, un peritaje y documentos que demostraban la legalidad de la compra de un inmueble adquirido por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, y la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, acusaron penalmente a 31 científicos por supuestamente haber desviado recursos públicos para la compra de una casa en  Coyoacán, cuando en realidad se hizo con recursos propios y después de la autorización de su mesa directiva conformada por 17 instituciones, entre ellas la UNAM y el IPN.

11 MILLONES 43 mil 660 pesos costó la casa comprada por el FCCyT. 

En 2015, el FCCyT compró un inmueble ubicado en la avenida Melchor Ocampo 305, Santa Catarina, alcaldía Coyoacán. Al respecto, el Conacyt afirmó que “durante el periodo de enero de 2003 a junio de 2019, los coordinadores de la asociación civil Foro A.C. (…) gastaron dicho recurso en el pago de viajes nacionales e internacionales, compra de una casa residencial, sueldos…”, y la FGR secundó esa acusación a pesar de haber realizado un peritaje en el que se concluyó que “no se observan egresos” por 11 millones 43 mil 660 pesos “que indiquen la adquisición” de la casa, y a sabiendas que como asociación civil, el Foro estaba facultado para tener patrimonio propio.

El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, inició un proceso en contra del FCCyT, bajo el argumento de que el organismo fue constituido como asociación civil y había operado fuera de la norma desde su creación en 2002.

Cruz Vixtha presentó una denuncia ante la FGR y en ella enlistó 24 hechos con los nombres de más de 50 científicos, adjuntó 30 “elementos probatorios” e indicó que por la situación descrita en la denuncia, los mencionados habrían estado frente a cuatro posibles delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades, así como Peculado.

EL UNIVERSAL (8/11/2021) dio a conocer que en la primera lista de indiciados estaban incluidos miembros de la actual administración, entre ellos, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Leticia Myriam Torres Guerra, amiga de Álvarez-Buylla y directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), y Alejandro Romero Guiño, que labora en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero al final, la lista fue depurada y quedaron 31, entre los que se encuentran los investigadores Julia Tagüeña, José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit.

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Resultado del peritaje. Foto: Especial.

La situación de los 31 científicos se dio a conocer a finales de septiembre y pese al contenido de la denuncia presentada por el Conacyt, el Consejo aseveró en un comunicado del 22 de septiembre que “la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”.

Un día después, Álvarez-Buylla acudió al inicio de actividades del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I (CDIT) y declaró: “No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”.

560 METROS es el tamaño de la vivienda que está ubicada en Coyoacán. 

Frente a la crítica, el 8 de octubre, el Conacyt subió un video a su canal de YouTube en el que insistió que no señaló “personas en particular. Nótese, sin señalar nombres ni sugerir delitos”. A las acusaciones también se sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 24 de septiembre desde Palacio Nacional dijo: “La asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán —¿por qué no en Iztapalapa?— con recursos que no justificó ante el Conacyt”.

Una casa en discordia

De los 24 hechos enlistados por el Conacyt, en el 23 se lee: “Durante el periodo de enero de 2003 a junio de 2019, los coordinadores de la asociación civil Foro A.C., aplicaron el recurso económico asignado para fines distintos a los establecidos en las Reglas de Operación del ‘FOINS’ (Fondo Institucional del Consejo) y Lineamientos ‘Programa Presupuestario F002’ (que es de donde el Consejo destinaba recursos al Foro), gastando dicho recurso en el pago de viajes nacionales e internacionales, compra de una casa residencial (…) entre otros gastos igualmente ajenos a lo prescrito por la normativa aplicable”.

17 INSTITUCIONES como la UNAM, el IPN y la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras, conforman la mesa directiva del Foro, que aprobó la compra del inmueble.  

Con esa información, la FGR emprendió acciones como un peritaje en el que pudo comprobar el origen de los recursos con los que operaba el Foro (EL UNIVERSAL 12/11/2021), aún así acusó a los científicos de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.  De hecho, en ese peritaje solicitó “que se identifique si de los estados de cuenta se advierte el egreso” por 11 millones cuarenta y tres mil pesos, para la compra del inmueble. Como resultado, la perito Judith Noemi Cornejo Gama indicó: “No se observan egresos” por esa cantidad, pues el FCCyT tenía autogenerados que fueron con los que realizó la transacción.

En el expediente de más de 20 mil hojas formulado por la FGR y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL están las escrituras de la casa. Ahí se detalla que la compra de la casa la hizo el FCCyT el 17 de julio de 2015, a través de Adriana Ramona Guerra, su Secretaria Técnica y representante, a “DRONIK, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, representada por los señores Berha Mónica Téllez Gómez, Juan Francisco Santos Téllez y Luis Enrique Santos Téllez”.

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Documento de la denuncia entablada por el Conacyt. Foto: Especial.

Los documentos indican que el inmueble tiene una superficie de 560 metros cuadrados y que para su compra, Guerra acreditó su cargo con varios documentos, entre ellos, actas de reuniones de la Mesa directiva del FCCyT quienes aprobaron la compra y que está constituida por 17 instituciones: Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C., la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Academia de Ingeniería de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional Agropecuario, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de la Lengua, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Academia Mexicana de Historia, la Academia Nacional de Medicina de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y el Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt.

Pese a que la FGR contaba con toda esa información, en dos ocasiones ha buscado que se giren órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, para que sean colocados en El Altiplano, penal de máxima seguridad donde también están varios narcotraficantes. Sin embargo, en ambas ocasiones, las órdenes fueron negadas por Gregorio Salazar, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Almoloya de Juárez, pues encontró varias inconsistencias.

(El Foro Consultivo operaba) “en atención a lo determinado por el propio Conacyt, a través de su Estatuto Orgánico”: Gregorio Salazar, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. 

El juez indicó que el FCCyT desde su creación en 2002, surgió como una asociación civil y por ello, de acuerdo con el Código Civil, estaba facultado para tener patrimonio propio, es decir, inmuebles y/o bienes muebles. Aunado a ello, en el Amparo en revisión 76/2021, la Suprema Corte de Justicia, indicó que el Foro se constituyó como “órgano autónomo y permanente de consulta”, que era congruente con la Ley de Ciencia y Tecnología.

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Escritura de la compraventa. 

“Al no ser delictivas las conductas que la fiscalía hace depender de la ilegal constitución de una asociación civil, es claro que tampoco se está en posibilidad de analizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, porque estos se pretendieron tenerlos por acreditados a partir de lo que, para la fiscalía resultó el ilegal financiamiento por ser ilegal en sí misma, la asociación civil de mérito”, señaló el juez.

Salazar también dijo que el Foro operaba “en atención a lo determinado” por el propio Conacyt, a través de su Estatuto Orgánico en el que “se constituye como asociación civil para materializar sus actos”.

Aún así, la FGR, dirigida por Gertz Manero —nombrado en la autonombrada Cuarta Transformación como Nivel 3 del SNI— indicó en un comunicado del 22 de septiembre que “se volverá a solicitar la orden de aprehensión” en contra de los 31 miembros de la comunidad científica. 

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