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Resulta desproporcionada la multa de 2 mil 543 millones de pesos
impuesta a Telmex y va contra los objetivos regulatorios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señala MediaTelecom .
“Con esta resolución, el IFT se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores , no sólo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicio”, asegura la consultora en un comunicado.
La decisión es desproporcionada, ajena a cualquier racionalidad regulatoria, tardía, inoportuna
y genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia.
“Aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa; secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; además de que no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la cuarta transformación”, indica MediaTelecom .
Entre las implicaciones que advierte la consultora por sancionar a Telmex, menciona que atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, por lo que es desmesurada y le arrebata liquidez a la empresa cuando debe velar por la rentabilidad de las empresas mayoristas separadas funcionalmente.
“Pone en riesgo los derechos laborales de más de 60 mil empleados de Telmex, porque ninguna empresa está obligada a sostener una operación sin ingresos”, refiere.
Además, pone en riesgo las mismas obligaciones de cobertura social que tiene Telmex en exclusiva en su título de concesión, “comprometiendo el derecho fundamental de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la banda ancha, para que más mexicanos tengan acceso a servicios de voz y datos”.
MediaTelecom indica que cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer Internet para todos, una multa a Telmex afecta directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar al cumplimiento de la misma, como señala la Constitución.
“La multa castiga no sólo a Telmex sino al sector de telecomunicaciones en su conjunto porque estanca la inversión; la empresa optará entre pagar la multa o invertir. Al aprobar su resolución, el IFT retrasa un derecho fundamental como el acceso a las TIC, por cuanto impacta negativamente sobre las inversiones del operador”, se precisa.
vcr
