Hay cerca de 25.3 millones de personas que habitan localidades en condición de pobreza que corren el riesgo de ver interrumpido el Programa de Abasto Rural, que cubre 30 productos de la canasta básica y 56 complementarios.
Una ficha técnica de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de Diconsa, obtenida por EL UNIVERSAL, revela las malas condiciones en las que operan 162 de sus almacenes en las zonas centro, golfo, norte y sur del país, debido a la falta de recursos para mantenimiento.
Esto pone en riesgo la atención del programa, cuya capacidad se estima en 73 millones de toneladas de alimento por año.
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Hay riesgo de “interrupción al surtimiento del Programa de Abasto Rural y programas alineados del gobierno federal”, señala el documento.
“La infraestructura inmobiliaria de Diconsa lleva seis años sin recursos de inversión. En el ejercicio 2015 fue el último año en el que se obtuvo autorización por parte de la Unidad de Inversión de la SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito Público] para rehabilitación de almacenes, por lo que resulta más que necesario continuar con el mantenimiento integral de inmuebles con el objeto de detener el deterioro, pero principalmente para que puedan continuar operando”, agrega.
La información surge en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020.
El diagnóstico advierte de que “existe un déficit en el almacenamiento y conservación de las mercancías, debido a desperfectos de los componentes de la estructura y del equipamiento; ya no se utiliza el total de la capacidad de inmuebles, esto genera problemas en la logística de recepción, acomodo y embarque de productos, así como pérdidas económicas para Diconsa”.
La descripción de la problemática también indica un “aumento de riesgos asociados a sufrir accidentes por las condiciones de las instalaciones, principalmente la instalación eléctrica.
“Ausencia de condiciones de seguridad y salubridad para el personal administrativo y operativo que labora en el almacén y oficinas, causando incumplimiento a normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“Falta de espacios adecuados para la estiba de mercancías y señalización dentro del almacén”.
La información de Diconsa, con fecha del 17 de febrero de 2022, advierte sobre las consecuencias de continuar operando en las condiciones actuales, con infraestructura de más de 40 años de antigüedad, lo que puede derivar en “falta de capacidad para atender el Programa de Abasto Rural, pérdidas económicas ascendentes por mercancía en mal estado; incremento gradual en el deterioro de instalaciones y componentes de las edificaciones, generando un replanteamiento de un proyecto con costos más altos de rehabilitación, incremento en los costos de operación y mantenimiento; daño a las mercancías por condiciones climatológicas o por plagas; interrupción al surtimiento del programa de abasto rural y programas alineados; y, aumento en prima de seguros por la reincidencia en siniestros como robos e incendios”.
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Diconsa indica la necesidad de realizar trabajos de rehabilitación en esos 162 almacenes, de los cuales 19 son unidades centrales y 143 rurales, mediante una inversión por 129.1 millones de pesos, recursos que saldrían de la propia bolsa de la institución a través de la venta de productos.
Los trabajos incluyen dar mantenimiento mayor o, en su caso, sustituir elementos que ya cumplieron con su tiempo de vida útil o que por falta de mantenimiento se encuentren en avanzado estado de deterioro como son: techumbres de lámina, remodelación de oficinas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, patios de maniobra, bardas perimetrales y desgaste en naves de almacén.
Diconsa sostiene que a los almacenes se les ha dotado de mantenimiento menor, consistente en reparaciones, corrección de fallas o descomposturas, cuyos trabajos son de escasa complejidad técnica y bajo monto, por ejemplo, limpieza y aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de accesorios y muebles en instalaciones hidrosanitarias, sellado de goteras, resane de grietas, entre otras.
“Estas medidas paliativas han mitigando la problemática temporalmente, pero existen componentes de las construcciones e instalaciones que por haber agotado su periodo de vida útil requieren de una sustitución total”, indica la red de abastecimiento social más grande del país.
Sin embargo la falta de recursos, motivada por programas de ahorro implementados por anteriores administraciones, no ha permitido que el presupuesto sea suficiente y oportuno, lo cual ha generado que los inmuebles presenten un grado considerable de deterioro y obsolescencia.
Por ejemplo, Diconsa reporta un deterioro en las techumbres, las cuales son a base de lámina de zinc y que, debido a factores tales como su exposición a las condiciones climáticas y ambientales, presentan alto grado de oxidación, degradación y perforaciones, por lo que no es posible corregir con sellado de goteras o impermeabilización, siendo necesaria su total sustitución.
Destaca también una obsolescencia en las instalaciones eléctricas, debido a que cuando se construyeron los almacenes las actividades administrativas se realizaban con máquinas de escribir mecánicas, pero actualmente las labores se desarrollan con equipos electrónicos, específicamente con seis computadoras en cada almacén, dos equipos multifuncionales de impresión, fotocopiado y escaneo, dos cargadores de baterías para montacargas eléctricos, un equipo de aire acondicionado en el área del servidor para mantenerlo a la temperatura adecuada de funcionamiento, dos equipos de telefonía, un enfriador de agua, un equipo de sonido para asambleas, entre otros aparatos.
Sin embargo, con el paso del tiempo y de acuerdo al surgimiento paulatino de las necesidades, se han empatado cables (incluso por fuera de la tubería-ducto de PVC, el cual por su antigüedad está roto), generando que los cables se sobrecalienten por no ser del calibre adecuado a la demanda de energía de los aparatos, generando interrupciones de la energía y riesgo latente de siniestro por cortocircuito.
Además, la instalación hidráulica se realizó con tubería galvanizada y la sanitaria con tubería de fierro fundido, de las cuales actualmente ya no hay repuestos o bien, por razones ecológicas, ha sido prohibida su fabricación y venta.
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