La iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que presentó el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador es una “expropiación indirecta” a las inversiones hechas por las empresas, acusó el sector privado.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) coincidieron en que el proyecto de enmienda sólo traerá una larga ola de demandas y conflictos contra México, porque se violarán tratados y hasta la Constitución política.
El CCE dijo que la “iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia que existe en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”. Consideró cuatro afectaciones mayúsculas de aprobarse.
En primer lugar, expuso que abre puertas a una expropiación indirecta de plantas privadas al cambiar el contexto legal para hacer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en monopolio.
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El segundo punto es que atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, lo que provocará el inicio de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
Y finalmente va contra las garantías de certeza jurídica de debido proceso y de contratación pública, e incluso va contra los fallos del Poder Judicial federal.
Exhortó al Legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo cuando se requieren mantener y generar empleos para la recuperación económica.
El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, expuso: “Creo que va a haber una cascada [de disputas], como ya lo hizo Braskem e Idesa con Etileno 21; controversias en la Corte de París, paneles de controversia OMC y en el T-MEC; se viene una cascada de controversias internacionales”.
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Además, el representante criticó la forma. “Lo que no gusta es el estilo, imponer una reforma basada en la ideologización, no se puede ser democrático y gobernar a base de pretensiones, sin el consenso, habría que tener la suficiente humildad por parte de la CFE y de la Secretaría de Energía para debatirlo abiertamente”.
La Concamin expuso que “obligar a consumir electricidad de mayor costo no es bueno para el consumidor ni para México”, por lo que los actuales legisladores deben rechazar la propuesta, porque de aprobarse se “condenará al país a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere”.
Equilibrio en el sector
Por su parte, la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo a EL UNIVERSAL que los cambios que se hagan en la industria eléctrica “deben tener equilibrio para que no se pierda eficiencia y participen las energías renovables. Es importante caminar en equilibrio entre las energías convencionales y responsables”.
Además, debe permitirse que haya empresas que puedan dar servicios como protección al bien público y encontrar que se genere a buenos precios, porque eso también es importante.
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Agregó que, aunque aún no han podido analizar a fondo la iniciativa, la reforma pretende reordenar el mercado eléctrico, fortalecer el papel del Estado, porque la industria es estratégica y ahí se tiene que definir cuánto puede ser la participación de la iniciativa privada, porque en Chile, por ejemplo, está en manos de empresas, hay monopolios y rinden pocas cuentas.