El Gobierno mexicano adjudicó este viernes el contrato del a un consorcio conformado por la constructora mexicana Gami y la española Azvi junto a su filial en el país Construcciones Urales.

Por un monto de 10.192,9 millones de pesos (424,5 millones de dólares), las empresas construirán 172 kilómetros de la plataforma y vía que irá del estado de Campeche al de Yucatán, de esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste del país.

Al leer el fallo, Arturo Ávalos, director de administración y finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo ( Fonatur ), afirmó que el consorcio "obtuvo la mayor puntuación" en la evaluación de sus propuestas técnica y económica de entre 16 ofertas recibidas.

"Por lo tanto se le adjudica el contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto, que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de material y construcción de plataforma y vía del Tren Maya, correspondientes al tramo Calkiní-Izamal", precisó.

Este es el tercer contrato en tres semanas que adjudica el Gobierno de México a la obra, que tendrá una inversión total de cerca de 120.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) para iniciar operaciones en 2024 en 951 kilómetros de cinco estados del sureste.

El primero se otorgó el 23 de abril a un , en convenio con China Communications Construction Company, y las mexicanas Grupo Cosh, Eyasa, y Gavil Ingeniería.

Mientras que un consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, ganó el concurso para el segundo tramo el 30 de abril.

El presidente López Obrador explicó esta semana que este mes ya habrá un total de cuatro contratos adjudicados para entre 800 y 900 kilómetros, lo que generará 100.000 empleos.

"Quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya", anunció el mandatario el jueves al solicitar permiso a la Secretaría de Salud para reanudar sus giras.

La polémica por la construcción de este proyecto, que inició este mes, se ha agudizado por la crisis de , que acumula 42.595 contagios y 4.477 defunciones en el país.

Aunque el Gobierno suspendió las actividades no esenciales de la economía al declarar la emergencia sanitaria el 30 de marzo, después ajustó el decreto para continuar la construcción de sus obras prioritarias, como el .

Apenas este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para pedir "de manera urgente", debido a la pandemia, la

Al menos 100 organizaciones civiles hicieron un llamado similar el mes pasado al exigir en una carta que se frene la obra porque podría afectar a pueblos originarios de la zona.

Sin embargo, López Obrador ha defendido la obra al considerarla parte de su plan para crear 2 millones de empleos este año frente a la crisis.

fml

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