Casi una tercera parte (32.2%) de los candidatos a un puesto de trabajo en micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) del país fue rechazado por no cumplir con las especificaciones de honestidad e integridad, de acuerdo con un reporte realizado por MIDOT, compañía global especializada en reclutamiento de personal.

Las comprenden el mayor número de establecimientos en el país, concentran más de 70% del personal ocupado y 52% del Producto Interno Bruto (PIB),un motor importante de la economía, indican datos del Inegi.

“La dificultad para realizar contrataciones profesionales y la constante rotación laboral, son problemas que afectan a las Mipymes en México, las cuales encuentran un gran desafío al conformar sus equipos de trabajo”, afirmó Fernando Calderón, director ejecutivo de MIDOT Colombia, México y Perú.

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En su reporte Las Pymes en busca de soluciones, no retos, la firma analizó 6 mil resultados de la prueba de integridad laboral, encontrando que sólo 11.3% de los evaluados tienen la recomendación para ocupar el puesto en una Pyme.

La falta de integridad y honestidad detectada se refiere a personas con conductas conducentes a robos, fraudes, soborno, suplantación de identidad, malversación de servicios, sólo por mencionar las más relevantes, todas ellas contraproducentes para una organización, explicó Calderón.

En México y en otros países de la región el tema de honestidad e integridad es preocupante para las organizaciones. El directivo mencionó que Latinoamérica, así como países de Asia, tienen la mayor incidencia de conductas contraproducentes en el ámbito laboral.

Alto costo

Los empleados con conductas conducentes a robos, fraudes, soborno, suplantación de identidad y malversación de servicios, entre otras, se traducen en altos costos para las empresas, mencionó Calderón.

Este tipo de comportamientos pueden representar hasta 10% de los ingresos a nivel anual de una empresa en términos generales, pero a las Mipymes pueden llevarlas inclusive a cerrar o la quiebra, porque no tienen respaldo para soportar el golpe de esas acciones.

Otra consecuencia de una inadecuada contratación es la alta tasa de rotación de personal, que en México es de alrededor de 24 meses, nivel muy bajo si se considera el tiempo que le toma a un empleado dar resultados, que va de seis meses a un año, después de su capacitación y acoplamiento al puesto.

Además, una renuncia temprana, es decir, que un colaborador se vaya antes de los seis meses de haber sido contratado, tiene un impacto económico de entre tres y seis meses del sueldo de esa persona, lo significa un costo elevado.

Otro hallazgo del reporte de MIDOT es que las unidades de negocio encuestadas priorizan la integridad de las personas y su estilo de trabajo sobre los conocimientos prácticos o teóricos de la posición. Sólo 7.7 % de las mipymes se interesó en los conocimientos específicos requeridos para el puesto.

Fuente: Inegi
Fuente: Inegi

Evaluación profesional

Encontrar el personal adecuado es uno de los principales problemas que enfrentan las empresas.

“En México la escasez de talento es de 68%, lo que significa que casi siete de cada 10 empleadores tienen dificultades para cubrir vacantes”, dijo Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM.

En este contexto de escasez de talento e inseguridad, una de las principales recomendaciones de los especialistas para contratar es que los procesos de selección sean transparentes y que estén basados en evaluaciones claras y objetivas.

Sin embargo, se estima que en México sólo en 15% a 20% de las empresas las contrataciones de personal están basadas en evaluaciones claras y objetivas, y por eso se recomienda profesionalizar los procesos de reclutamiento.

“Desafortunadamente, en las Mipymes hay mucho compadrazgo y amiguismo, poca objetividad al contratar, no se lleva a cabo una calificación objetiva para conocer a los candidatos”, dijo Calderón.

“Es necesario hacerse de herramientas profesionales para una mejor evaluación que ahorra muchos pesos y dolores de cabeza”.

Adicionalmente, el especialista recomendó fortalecer la conciencia legal de los empleadores e incentivar la adopción de códigos de ética y conducta en las Mipymes, enfocados en la legalidad y la responsabilidad socia.

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