Ingobernabilidad y gasolina: cada quien pa´su lado

El inicio de año en México se ha caracterizado por marchas, protestas, bloqueos y un flujo gigantesco de información (a veces contradictoria e incompleta) en torno a lo sucedido estas dos primeras semanas de 2017 en diversas regiones del país. El motivo principal de estos movimientos parece ser el descontento de ciertos grupos de personas por el aumento del precio de la gasolina; los medios, las movilizaciones masivas y el uso de las redes sociales; el resultado, algunas medidas paliativas impulsadas por ciertos gobiernos locales y la franca ingobernabilidad en varios lugares del territorio nacional.

En este artículo me propongo opinar en torno al fenómeno de ingobernabilidad producto del distanciamiento entre el pueblo, sociedad civil organizada, clase política y gobierno. Para lograr mi cometido propongo, en primer lugar, argumentar en torno a las protestas masivas por el aumento en el precio de la gasolina, para posteriormente exponer mi opinión sobre el papel que han ejercido los distintos actores, y finalmente, concluir con unas ideas para enfrentar la falta de racionalidad en las estrategias promovidas por los ciudadanos.

La racionalidad gasolinera: ¿la gota que derramó el tanque?

Es bien conocido que los precios de la gasolina aumentaron desde el primer día del año; desde la perspectiva económica, la liberación de los precios parece una decisión acertada; en la opinión de sus promotores, era un camino insoslayable; y desde la postura de los ciudadanos de a pie parece un atropello más a sus patrimonios.

Si bien la decisión fue anunciada con tiempo, lo que está claro es que sus promotores la presentaron como una acción que beneficiaría a todos los mexicanos, que los precios se reducirían y que todo era para mover a México hacia el camino del bienestar. En la práctica, el discurso quedó evidenciado y el encono se volvió parte del talante público.

Los ciudadanos molestos salieron a las calles y carreteras, tomaron casetas de cobro para dejar pasar a los automovilistas sin pagar peaje, bloquearon el acceso a centrales de almacenaje y distribución de hidrocarburos de PEMEX, tomaron garitas internacionales para permitir que los automovilistas pasaran sin ser revisados por los agentes aduanales, hubo enfrentamientos con policías y por las calles de varias localidades hubo manifestaciones de repudio a las decisiones del gobierno.

Las crisis económicas y políticas no son una novedad en México, desde que tengo memoria el peso se deprecia o se devalúa, los sueldos no alcanzan, hay incrementos en las gasolinas, hay violencia, inconformidades sociales, y ser político es un sinónimo de corrupción y una garantía para la opulencia. Entonces ¿en qué son diferentes estas inconformidades y movilizaciones de las que se han vivido en la historia reciente de nuestro país?

En ciudades como Mexicali y Tijuana, Baja California, los ciudadanos han encarado a servidores públicos, demandado cambios en sus gestiones y las renuncias de muchos de ellos; ha sido tal el empuje del movimiento que el gobierno local dio marcha atrás al re-emplacamiento y se inició un proceso para revertir la denominada “Ley del agua” que representaba un incremento en los precios para los consumidores. Además de los pequeños logros, existe otra diferencia: los actores que intervienen en los conflictos se han modificado, al menos en apariencia.

Pactos e impactos: las escisiones en el reino de los eufemismos

En una puesta en escena irrisoria, el presidente de México y algunos líderes gremiales firmaron un acuerdo para, según los partícipes, cuidar de las familias mexicanas y la estabilidad de nuestra economía. Entre discursos condescendientes llenos de eufemismos y carentes de fondo, un grupo de líderes ataviados con relojes de lujo y toda la soberbia que permite la corrupción a la mexicana, presentaron el hilo negro del bienestar.

Sin embargo, la influencia que históricamente han tenido el gobierno y las agrupaciones gremiales y sus prácticas corporativistas parecen estar perdiendo influencia. Los ciudadanos no están dispuestos a continuar asumiendo los costos de la mala planificación y gestión gubernamental, gritando, tomando las calles, incluso llegando a la violencia. Desafortunadamente otros actores sociales no han estado a la altura.

Las organizaciones de la sociedad civil poco han aportado al movimiento, desde mi punto de vista, son más los tuits manifestando el apoyo o descalificación a uno y otro sector (llámese ciudadanía, gobierno, partidos políticos) que las propuestas y las acciones encaminadas a promover un cambio real a favor de todos los mexicanos. Han desaprovechado la oportunidad de sumarse, e incluso liderar un movimiento legítimo que refleja el sentir de muchos sectores de la población. Esto es particularmente lamentable, ya que muchas de las OSC cuentan con recursos y sobre todo capacidades técnicas para aportar.

Por su parte, la clase política ha evidenciado, una vez más, su mezquindad y oportunismo: quienes están en el gobierno y/o pertenecen al PRI recurren a todo tipo de argucias para justificar la ineficacia e ineficiencia de sus gestiones e intentan minimizar, acaso ocultar, el descontento ciudadano y la impopularidad de todos sus correligionarios; quienes son parte de la “oposición” se lavan las manos, niegan su complicidad y echan culpas al por mayor, supongo que a la espera de la carroña que resulte.

En estas condiciones, quienes han tomado acciones concretas son los ciudadanos, superando las cadenas corporativas de los sindicatos y demás organizaciones gremiales, afrontando las consecuencias económicas y legales que pudieran tener sus actos. Sin embargo, a mi entender, estos movimientos y manifestaciones ciudadanas, si bien son legítimas, carecen de una estructura racional subyacente.

Los precios del dólar, de la gasolina, del agua, de los alimentos, del transporte no son los únicos problemas que enfrentamos. Tenemos años sufriendo de la ingobernabilidad producto de los estragos de la corrupción y la impunidad, todos los días hay muestras de la ineficacia del Estado: ejecuciones y matanzas en todos los rincones del país, violaciones a los derechos humanos, claros atentados a la dignidad y soberanía nacional de parte del presidente electo del vecino del norte y, ahora incluso, balaceras mortales dentro de instituciones educativas y centros turísticos.

Por lo tanto, la estructura racional que debería sustentar las estrategias de la sociedad para exigir sus derechos y la eficacia gubernamental, no se puede limitar al precio de la gasolina o a la demanda por la renuncia de ciertos gobernantes. Es fundamental que empecemos a construir una plataforma de participación ciudadana con miras a asegurar la gobernabilidad en el país.

Mover a México: ¿Quiénes y pa´ dónde?

Es evidente que los acuerdos y pactos que necesitamos se ubican en la base: en la sociedad mexicana. Esos acuerdos, pactos y acciones deben trascender las marchas, es necesario diseñar un plan para presionar a una reforma del Estado; para lograrlo, se requiere que las OSC, los académicos e intelectuales se sumen activamente al movimiento y que aporten, con humildad y patriotismo, las capacidades técnicas que permitan definir estrategias.

Las estrategias podrían centrarse, de inicio, en una reforma política que permita la evaluación para el ingreso, permanencia y promoción en la clase política mexicana. Mediante una modificación en la forma de ministrar recursos a los partidos políticos y el diseño de un modelo de evaluación del desempeño político.

La mayor parte de la dotación de recursos a los partidos políticos está en función del porcentaje de votos, sin importar las formas en que se consiguieron esos votos o el porcentaje de la población que participa en las votaciones. Bajo estas circunstancias, la propuesta sería que la asignación de recursos se lleve a cabo en función de un sistema de evaluación de resultados, esto es, financiar proyectos y propuestas específicas bajo la condición de entrega de resultados.

El modelo de evaluación del desempeño político es una propuesta que busca la profesionalización de la clase política y que complementa la idea de ministración de recursos públicos en función de los resultados. Es así que, para ser un candidato a un puesto de elección popular, primeramente, hay que evidenciar que se cumple con el perfil (formación académica, experiencia profesional, probidad). Una vez asumido el cargo, se evaluará periódicamente el desempeño con base en el cumplimiento de su plan de trabajo y su conducta, quedando su continuidad a expensas de los resultados de las evaluaciones. Por último, para aspirar a los más altos cargos (presidente, secretarios de Estado, gobernadores, legisladores) se evaluará su experiencia en cargos de menor envergadura y los resultados que han tenido en dichos cargos, antes de presentarse como candidatos.

Podemos encontrar un sinnúmero de asegunes o, incluso, considerar una ingenuidad esta propuesta de pensar que se puede reformar profundamente a nuestro país, pero si no empezamos con esta empresa ¿qué hacemos? ¿salirnos todos a la calle a ver qué sale?

Rubén Abdel Villavicencio Martínez

Investigador independiente

@Abdel_vm @ObsNalCiudadano