El aumento de los homicidios dolosos

Entre 2014 y 2015, la estadística sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicaron una reducción de la denuncia en la mayoría de los delitos de alto impacto. Por ejemplo, el secuestro se redujo en 24.44%, las extorsiones en 12.59%, los robos con violencia en 10.12% y los robos de vehículos en 4.31%. Sin embargo, el delito que mayor atención ha tenido por parte de la autoridad, el homicidio doloso, aumentó en 8.78%, lo cual significó el fin de una tendencia a la baja que había predominado desde 2012.

Las implicaciones del nuevo crecimiento de los homicidios intencionales son muchas, tales como pérdida de capital humano, incremento de la percepción de inseguridad, orfandad y desplazamientos forzados; pero también lo que debe preocuparnos es que las políticas de contención y prevención de este tipo de conducta delictiva en realidad no están funcionando, a pesar de que se han diseñado instituciones y se han aumentado el número de efectivos de las fuerzas de seguridad. Al parecer los resultados esperados de este tipo de instrumentos siguen siendo aleatorios, sin que necesariamente la reducción o crecimiento de los eventos y sus víctimas se deba a la intervención de las autoridades, sino a otro tipo de factores que no han sido suficientemente comprendidos.

A partir de 2007, un año después de que el gobierno federal anunciara el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el número de homicidios intencionales comenzó a presentar un incremento acelerado. Entre 2007 y 2011 el número de denuncias por la privación intencional de la vida crecieron 122.88%, pasando de 10 253 a 22 852 registros. En términos de tasas por cada 100 mil habitantes, la intensidad de la denuncia pasó de 9.4 a 19.75 casos, con lo cual México, en menos de cuatro años, se colocó como uno de los países más violentos de América Latina.

Además, en el periodo mencionado prácticamente todas las entidades del país presentaron un aumento de los eventos de homicidio intencional (29), aunque destacaron las del norte del país, cuyos incrementos de los homicidios fueron exponenciales, por ejemplo: en Nuevo León la tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes creció a razón 562.03%, en Coahuila en 415.64%, en Chihuahua en 374.3% y en Tamaulipas en 204.3%; es importante no dejar de mencionar que únicamente en tres estados de la República se dio una disminución de los casos reconocidos de homicidios intencionales: Tabasco, Hidalgo y Oaxaca.

Después, del 2011 al 2014 se dieron ligeros avances en la recuperación de la violencia e inseguridad: los robos comenzaron a disminuir, aunque la extorsión y el secuestro continuaron creciendo en algunos de los años de este periodo. Por su parte, el homicidio doloso, si bien había presentado una disminución constante en estos años, su velocidad de reducción no fue la misma con la que creció en el periodo previo, en términos absolutos los casos oficialmente reconocidos decrecieron en 31.5%, lo cual en tasas por cada 100 mil habitantes significó pasar de 19.75 a 13.08.

En este último periodo el delito se extendió a otras zonas del país, así las entidades del norte dejaron de ser afectadas por la violencia con la frecuencia e intensidad de años precedentes. Lo que logramos distinguir entre 2011 y 2014 es un incremento en 10 entidades del país de las tasas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, siendo los mayores los reportados en Baja California Sur (67.22%), Estado de México (25.74%), Hidalgo (22.01%), Sonora (15.13%) y Michoacán (14.24%). En contraste, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Sinaloa presentaron las disminuciones más significativas, del orden del 76.59, 60.1, 65.89 y 49.67%, respectivamente.

En estos años, era común escuchar a la autoridad federal afirmar que se había empezado a recuperar las condiciones de seguridad y convivencia debido a la baja de las muertes derivadas de acciones intencionales, sin embargo, al finalizar 2015, sus propias cifras indican que poco se ha entendido acerca del comportamiento del delito, pues en algunas entidades los eventos letales se recrudecieron y en otras en donde el fenómeno delictivo no representaba un problema, actualmente ya lo es.

En efecto, entre 2014 y 2015, en 21 entidades federativas se registró un aumento de las denuncias de homicidios dolosos. Las entidades con mayores variaciones al alza en sus tasas fueron Baja California Sur con 109.25%, Zacatecas con 104.47%, Colima con 65.78% y Puebla con 46.15%, es decir territorios que no se caracterizaban por expresar un problema agudo de homicidios intencionales. Para ser más explícitos con los datos, encontramos que, en Baja California Sur, durante 2014, su tasa era 27.76% menor respecto a la nacional, un año después pasó a ser superior en 40.47%; un segundo ejemplo es Colima, pues en 2014 tenía una tasa prácticamente similar a la del país, para 2015 se ubicó 64.05% por arriba del comportamiento nacional.

Por otra parte, es sumamente preocupante lo que está ocurriendo en entidades con altas tasas de homicidios dolosos y que además presentaron incrementos en el último año. Guerrero, Morelos y Baja California son ejemplo de lo mencionado. En el caso de la primera entidad, a pesar de que en 2014 experimentó una convulsión social y política derivado de la desaparición forzada de 43 estudiantes en la Ciudad de Iguala, su tasa creció en 32.36% y al finalizar 2015 la intensidad del homicidio se ubicó en 301.53% por arriba del comportamiento nacional, lo que se tradujo en posicionarse en el primer lugar de homicidios dolosos del país.

En el marco de todos los datos que hemos expuesto, no podemos perder de vista que el problema de la pérdida de vidas a través de acciones intencionales puede ser más grave de lo que aparentan las cifras oficiales, pues como se expuso en el estudio Homicidio, una mirada de la violencia en México (ONC, 2015) existen importantes debilidades institucionales que posiblemente estén subestimando el delito. Por ejemplo, en el caso de los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas por parte de las fuerzas de seguridad federal, los registros no son precisos, en algunos casos se reconocen osamentas, en otros restos humanos o en otros cadáveres, y si a esto le añadimos que en la mayoría de los estados no hay protocolos forenses para llevar a cabo el reconocimiento de las víctimas, es muy probable que la dimensión del problema de los homicidios doloso, y de los desaparecidos, no se esté comprendiendo en su totalidad.

En conclusión, mientras las políticas públicas continúen sin atender las causas de este tipo de violencia letal, en realidad su disminución o incremento será un resultado dejado al azar. El aumento de los homicidios dolosos en el último año nos indica claramente que el uso de la violencia del Estado para reducir una expresión de la violencia no legítima parece generar resultados inversos. Invertir mayores energías para recuperar la cohesión y el capital social podría ser alternativa viable para encontrar una salida definitiva a la crisis de violencia e inseguridad que se resiste a ser superada.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano

[1] Homicidio: una mirada a la violencia en México, se encuentra disponible en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ONC-HOMICIDIO-COMPLETO-baja.pdf