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Pensar que el homicidio es un problema resuelto en México es una interpretación desafortunada. Tras años de altos niveles de incidencia delictiva en algunas entidades del país, las estadísticas muestran una mejoría, pero de eso a pensar que todo ha vuelto a la normalidad es un grave error. Además de las comparaciones internacionales que dejan a México mal parado, la realidad es que miles de familias enfrentan los costos derivados de los homicidios y de otros delitos. Orfandad, desplazamientos forzados, deterioro psicológico, pérdida de bienestar, sensación de inseguridad, debilitamiento de la confianza interpersonal, entre otros son apenas suficientes para resumir lo que una ola de crimen provocó en el país.
Ante esta realidad, uno de los hallazgos del más reciente estudio elaborado en el ONC titulado Homicidio: una mirada a la violencia en México, es que los individuos que nacieron entre 2003 y 2013 tienen una esperanza de vida 5 meses menor que la que pudieron haber gozado si los homicidios no hubieran aumentado como lo hicieron. Sin embargo, para alguien que nace en Chihuahua, la situación es más grave. En esta entidad se perdieron casi dos años de esperanza de vida derivado de los homicidios. Sin lugar a dudas, esto no es una vuelta a la normalidad de la cual debamos estar orgullosos.
La reducción de la esperanza de vida solo representa la cuantificación del costo social asociado a los cambios de la mortalidad entre 2003 y 2013[1]. La monetización de estos costos señala que un individuo promedio alcanza su máxima disposición a pagar por reducciones de la violencia entre los 14 y 18 años. A nivel nacional este grupo de edad estaría dispuesto a pagar aproximadamente 26 mil pesos por reducir los niveles de violencia. Esta cifra refleja el valor presente de la reducción del bienestar asociado a los cambios de las probabilidades de sobrevivencia.
A nivel estatal los individuos de 18 años de Chihuahua (116 mil pesos), Sinaloa (68), Guerrero (66), Campeche[2] (63), Durango (55), Baja California (43), Nayarit (38), Morelos (31), Tamaulipas (30), Michoacán (29), Sonora (29) y Colima (28) presentan una disposición marginal a pagar por reducciones de la violencia mayor que la registrada a nivel nacional (26). Llama la atención el hecho de que las entidades punteras no presentan los niveles de ingreso más altos, en especial, Guerrero se encuentra entre las 3 entidades con menor PIB per cápita, pero presenta la tercera disposición a pagar más alta.
Además, un ejercicio econométrico sencillo muestra que si los años de esperanza de vida perdidos a causa de la violencia aumentan en una unidad, la disposición marginal a pagar de un individuo de 18 años aumentará aproximadamente 66 mil pesos, en cambio, ante un aumento del 100% del PIB per cápita, la disposición marginal a pagar de este individuo solo aumentará 13 mil pesos.
Si agregamos todas las disposiciones marginales a pagar el valor presente de estos costos para las generaciones actuales equivale a 1973 miles de millones de pesos (mmdp) y para las generaciones futuras[3] equivale a 614.5 mmdp. En términos proporcionales, esto equivale al 20% del PIB de 2013 o bien 2% en términos de flujo anual promedio de 2003 a 2013.
Los costos sociales por entidad federativa expresados como proporción del PIB de 2013[4] muestran que es posible superar el 100% de la producción estatal en un año. Tal es el caso de Guerrero donde el costo social de las generaciones actuales y futuras representa el 109% del PIB estatal. Esto sugiere que los guerrerenses están dispuestos a pagar más del 100% del valor de la producción de un año con tal de reducir los niveles de homicidio. Otras entidades donde los costos alcanzan proporciones significativas son Chihuahua (87%), Sinaloa (57%), Durango (49%), Nayarit (45%), Oaxaca (43%), Michoacán (37%), Baja California (30%), Morelos (30%), Estado de México (26%), Chiapas (22%) y Colima (22%).
Tras estas cifras, resulta difícil hacer tabula rasa. No podemos ignorar lo acontecido en años pasados, ni minimizar lo que ocurre día con día. En artículos pasados insistí en la urgencia de elaborar diagnósticos de seguridad desde una perspectiva económica. El primer paso requiere elaborar una radiografía de la realidad. Las cifras discutidas previamente son una aproximación de los costos sociales no monetarios de la violencia, es decir, son tan solo una pieza del rompecabezas. Además de brindar el valor monetario de los costos sociales, la utilidad de este ejercicio radica en su posible aplicabilidad dentro del diseño y evaluación de políticas públicas y programas sociales, de manera más específica, en los análisis costo beneficio.
Por último, uno de los retos a los que se enfrentan autoridades, organizaciones de la sociedad civil y académicos es encontrar evidencia que refleje el verdadero costo social de la violencia y el crimen. Saber cuánto nos costó como sociedad el incremento de los delitos es igual o más importante que continuar con el monitoreo tenaz de los indicadores delictivos. Sin duda, es una tarea difícil que requiere idear una forma de cuantificar y monetizar todos los costos e ineficiencias generadas. No podemos seguir esperando. Tenemos que actuar ya.
Manuel Alejandro Vélez Salas
@VelezManuel @ObsNalCiudadano
Investigador del ONC
