Más Información
Por Lilia Saúl Rodríguez
@liliasaul
El 4 de mayo de 2015 se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con los tiempos acordados en los artículos transitorios de la misma ley, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) tiene hasta seis meses para expedir todos los lineamientos necesarios para que opere dicha ley.
Pero uno de los transitorios que más preocupa es el relacionado con el cumplimiento de la armonización de las leyes que deben observar las 32 entidades del país.
Pronto se les vencerá el plazo (el 5 de mayo) y sólo hay tres entidades que ya cumplieron: Jalisco, Querétaro y Coahuila. En marcha –las iniciativas están en sus congreso locales—se encuentran las de Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
El tema es que el resto de las entidades no han siquiera presentado un proyecto de ley y se acercan varias elecciones en los estados, lo cual obliga a sus autoridades a transparentar con mayor razón sus acciones y el uso que le darán a los recursos públicos.
Otros pendientes más
Con la nueva Ley General de Transparencia, los fideicomisos, los sindicatos y los partidos políticos entrarán al nuevo “aro” de la transparencia total, es decir, deberán entregar la información que les sea solicitada y el INAI podrá ahora sí resolver de manera directa los recursos de queja que se presenten en contra de dichos entes o sujetos obligados.
En el caso de los estados, cuando existan quejas que resuelvan los órganos de transparencia locales y no les sea favorables a los ciudadanos, el mismo INAI también podrá ejercer su facultad de atracción para resolver la controversia.
Sin embargo, dicha facultad entrará en vigor hasta el 5 de mayo de 2016, de acuerdo a los mismos transitorios de la Ley General de Transparencia, que pueden ser consultados aquí.
En cuanto a los fideicomisos, sean una chequera o sean toda una institución, deberán sujetarse también a la Ley General de Transparencia.
Los sindicatos como los de la UNAM deben también sujetarse a la Ley General de Transparencia. Esto porque, aunque no lo digan abiertamente, en el mismo INAI hay preocupación porque algunos integrantes de aquél sindicato insisten en que la autonomía de la máxima casa de estudios está por encima de lo que marca la Ley General de Transparencia. Ojalá y esto no termine en tribunales.
Lo peor del caso es que el INAI ha tenido que firmar “convenios”, los cuales obligan en cierta forma a que se lleven a cabo ciertos cumplimientos que ya están implícitos en la ley. Pero como diría en su momento algún funcionario del instituto, esto se hace para obligarlos en cierta forma a que cumplan con la ley misma (lo cual es absurdo y paradójico).
Los partidos políticos también deberán entrarle a la transparencia. Así formen parte de una fracción parlamentaria. Aquí una probadita de lo que deberán cumplir los partidos políticos a partir de este año.
Tal parece que en el Congreso de la Unión aún no han comprendido la importancia de la ley que ellos mismos aprobaron.
Aún hay resistencias para cumplir con estándares mínimos como el publicitar la lista de asistencias de los legisladores en tiempo real y colocar información en su página web en formatos abiertos.
Peor aún son las respuestas que otorgan cuando se solicita información con relación a las subvenciones o los datos que aparecen con relación a estos gastos que debieran transparentarse, pues finalmente el origen de estos recursos es público.
El caso del Poder Judicial es aparte. De éste nos encargaremos en otro espacio, porque hay demasiados pendientes y esos son necesarios verlos a detalle, uno por uno.
Y para rematar en este blog de múltiples pendientes y retos en materia de transparencia, por si fuera poco, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) también deberá lavarse un poco la cara, pues a finales del año pasado, se otorgó un bono de riesgo, cuando esta misma institución, pero con otros comisionados al frente, criticaron este tipo de autoayudas económicas.
En el sexenio del ahora ex presidente Felipe Calderón varios de sus secretarios de Estado se habían otorgado dichos bonos. Incluso los mismos comisionados del entonces IFAI cuestionaron que gente como el mismísimo Salvador Vega Casillas –entonces secretario de la Función Pública—se otorgara dicho bono, pues era cuestionable el supuesto riesgo al que estaba sujeto.
Imagínense las críticas que surgieron en torno a este regalo de navidad que se dieron los comisionados a finales del año pasado.
Ojalá y este año sea menos opaco y que exista más transparencia, a pesar de ellos, de los funcionarios que no quieren dar a conocer la información que pertenece a todos los mexicanos, pues finalmente el ejercicio de sus funciones se desarrolla con recursos públicos.
