El caso "Porkys" no es aislado: El reto del Poder Judicial

La semana pasada, el Poder Judicial de la Federación enfrentó una de sus mayores crisis en los últimos meses: la sentencia de un Juez de Distrito que otorgó el amparo a un sujeto acusado del delito de pederastia cometido en agravio, como el mismo tipo penal lo señala, en contra de una menor de edad.

El argumento central del Juez para otorgar la protección constitucional al inculpado fue que consideró que no se encontraban probados ni la "lascivia" del acusado, ni la "indefensión" de la víctima; ello a pesar de que en el relato de la propia sentencia es posible encontrar la descripción de diversas conductas que, desde una perspectiva de género y derechos humanos, se consideran abuso sexual. Las deficiencias de la sentencia ya se han señalado en otros espacios.

La noticia de la concesión del amparo se difundió rápidamente causando de inmediato una indignación colectiva. Pocos días después de que el fallo fue dado a conocer públicamente, el Consejo de la Judicatura Federal, sin dar mayor explicación, suspendió al Juez que dictó la sentencia para someterlo a una investigación administrativa.

Para muchas personas la suspensión del Juez se encuentra justificada ante lo dudoso de su proceder en el caso. Sin embargo, la decisión del Consejo de la Judicatura nos saca por la puerta falsa en lugar de contribuir a la solución del problema estructural. La suspensión dictada por el Consejo de la Judicatura, presidido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte, aparece más como un deslinde que como una medida tomada como consecuencia de la preocupación en el caso.

En estas condiciones, la pregunta obligatoria es si sentencias como la dictada en este caso son acontecimientos aislados o si, por el contrario, las sentencias sin perspectiva de género son el común denominador en la impartición de justicia a nivel federal y local.

En los informes Niñas y mujeres sin justicia y Violencia sin interrupción, GIRE hizo un recuento de los obstáculos a los que las mujeres y niñas se enfrentan para hacer efectivos sus derechos reproductivos o, en último de los casos, para acceder a una reparación por las vulneraciones sufridas. Todo esto a pesar de que en muchos casos su vida, salud e integridad se encuentran en riesgo.

Uno de estos casos es el de Yesenia, una mujer que atendió su parto en un hospital público  y, debido a la deficiente atención médica, tuvo diversas complicaciones. Ante la indiferencia de las autoridades, su mamá acudió ante un Juez Federal para solicitar un amparo, se abrió el expediente y el juez ordenó que se le otorgara la atención que requiriera.

Unas semanas después, Yesenia falleció y el Juez determinó que ante el deceso de la quejosa el juicio había quedado sin materia y dio carpetazo al asunto. La resolución fue recurrida pero un Tribunal Colegiado ni siquiera dio entrada a la inconformidad por considerar que no había sido promovida por la parte interesada, esto es, que Yesenia no lo había firmado.

Otra situación recurrente es la negación de acceso a un aborto legal y seguro en casos de violación, sobre todo a menores de edad. Los obstáculos a los que las mujeres y niñas se enfrentan en estos casos son producto de una falta de aplicación de la perspectiva de género al momento de resolver los juicios. Ante la renuencia de las autoridades para aplicar la Ley General de Víctimas y la NOM 046, desde GIRE se han tramitado más de 15 juicios de amparo. Durante estos procesos, las mujeres enfrentan de manera recurrente la resistencia de los jueces a emitir un pronunciamiento en donde se señale que la negación del acceso a la interrupción de un embarazo producto de una violación representa una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

Hasta ahora los jueces se han limitado a abrir los expedientes y a esperar para que se actualice alguna improcedencia del juicio. Ya sea que, ante la falta de una respuesta inmediata por parte del Juez, las mujeres o niñas deban viajar a la Ciudad de México a realizar el procedimiento, o que el tiempo pase y el embarazo llegue a término. En todo caso, al finalizar el juicio se cierran los expedientes porque ya no hay embarazo que interrumpir.

En otras palabras, para que una mujer o una niña puedan aspirar a una sentencia a su favor sólo tienen dos opciones: esperar que el juicio se resuelva pronto o detener el tiempo para que el embarazo no avance hasta que se obtenga una sentencia firme. Existen casos como un juicio de amparo por negativa de acceso a una interrupción del embarazo que se comenzó a litigar en noviembre de 2013 y en marzo de 2017 el asunto sigue pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, es importante que el Poder Judicial de la Federación reconozca que en su interior existe un serio problema ante el rezago y la resistencia de los juzgadores y juzgadoras para apropiarse de la perspectiva de género. Curiosamente las peores sentencias y los razonamientos más ridículos los encontramos en resoluciones en donde se involucran los derechos de las mujeres.

Mientras no se reconozca que es necesario un cambio radical de paradigma en la forma en que los jueces y juezas interpretan y aplican el derecho, sentencias como la del Juez Anuar González Hemadi en Veracruz seguirán siendo el diario vivir de muchas mujeres y niñas que ven frustrados sus intentos de acceder a la justicia.

Por otro lado la decisión del Consejo de la Judicatura deja en entredicho su capacidad para hacer frente a una crisis. De seguir por este camino, pronto tendrá que inhabilitar a más jueces y juezas. El camino hacia un acceso efectivo a la justicia con perspectiva de género no pasa por el debilitamiento de la independencia judicial. Se requiere que, desde el Poder Judicial, se reconozca que la legislación no puede aplicarse a raja tabla porque se encuentra plagada de estereotipos.

Muchas voces podrán replicar la gran inversión que se ha hecho en capacitaciones y publicaciones para acercar la perspectiva de género a los juzgadores. Sin duda se han hecho esfuerzos pero los resultados están a la vista y mientras el problema no se atienda integralmente todos los reconocimientos que se han recibido y las presunciones sobre la reformas constitucionales de 2011 no habrán servido de mucho: miles de mujeres y niñas seguirán en espera de justicia.