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Por Juan Pablo Cuesta
Uno de los roles principales de los gobiernos es proveer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos. Para lograrlo, ministerios e instituciones públicas en áreas como educación, salud, seguridad, obras públicas, transporte y protección social, gestionan programas y proyectos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, de ser administrados con una orientación hacia resultados, es decir, de forma eficaz, eficiente y transparente.
¿Se pueden imaginar, en este siglo XXI, un ministerio de educación que no evalué la calidad de sus docentes o el aprendizaje de sus estudiantes? ¿O un ministerio de salud que no establezca estándares de calidad en la atención y tratamiento de los pacientes? ¿O un programa de protección social que no tenga ninguna clase de indicadores para evaluar su desempeño?
El libro Construyendo Gobiernos Efectivos, de reciente publicación, tiene un capítulo dedicado a analizar las capacidades institucionales que poseen los sectores de educación, salud, desarrollo social e infraestructura en 24 países de América Latina y el Caribe (ALC), para implementar una Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD). El análisis se realiza a través de 3 componentes: planificación de mediano plazo, gestión en la provisión de bienes y servicios, y sistemas de información; comprende el período 2007 – 2013; y usa una escala de calificación de 0 a 5, siendo este último el valor óptimo.
El componente visión sectorial de mediano plazo es el más desarrollado en los sectores analizados. Esta tendencia se explica porque en la mayoría de países de la región existen planes de desarrollo de mediano plazo en dichos sectores. Sin embargo, la calidad de esos planes es bastante disímil, ya que no todos cuentan con una matriz de resultados con indicadores de desempeño, donde las metas concuerden con los objetivos y las estrategias de los planes nacionales.
Por otro lado, el componente de gestión sectorial de bienes y servicios ha tenido un progreso significativo en el período evaluado, alcanzando un nivel de desarrollo medio. Se avanzó en el establecimiento de metas anuales y plurianuales de provisión de bienes y servicios y en la definición de unidades y funcionarios responsables. Sin embargo, persisten aún falencias, como por ejemplo, en la definición de estándares de calidad. Es decir, no hay una referencia que permita saber a los ministerios de los sectores si los servicios que proveen son buenos o malos, o si mejoran o empeoran.
También se notaron debilidades en la creación de mecanismos de remuneración y evaluación del personal, basados en incentivos y contratos de gestión orientados a resultados.
El componente de sistemas de información es el que menor grado de desarrollo ha alcanzado, mostrando un nivel aún insatisfactorio. Una buena gestión de la producción de bienes y servicios requiere de sistemas de información que registren la cantidad, la calidad y los costos de lo que se provee, y permitan a los funcionarios públicos tomar decisiones basadas en evidencia confiable sobre el desempeño de las instituciones. Esta es un área donde se tiene una “tarea pendiente” en la región. El no contar con sistemas de información, o tener sistemas obsoletos, no solamente impide que se cuente con información confiable y oportuna sino que contribuye a la ineficacia de los procesos.
Finalmente, el estudio pone en evidencia que los sectores de educación y salud están más avanzados que los sectores de desarrollo social e infraestructura, en los tres componentes analizados. En cierta medida esto puede ser explicado porque educación y salud son sectores con una mayor tradición institucional, que vienen haciendo ejercicios de planificación desde hace tiempo, y disponen de sistemas estadísticos basados en registros administrativos (matrícula, retención y promoción en educación; ingresos/egresos hospitalarios, perfiles epidemiológicos. en salud), y pruebas estandarizadas e internacionales de rendimiento (educación). Además, estos dos sectores son los que más participan del repertorio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales en la última década ayudaron a impulsar de manera importante el uso de indicadores de desempeño y el enfoque hacia resultados.
Juan Pablo Cuesta es consultor internacional. Formó parte del cluster de Gestión Pública de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID, donde fue miembro del equipo de aplicación del Sistema de Evaluación PRODEV (SEP). Ha publicado notas técnicas sobre temas relacionados con la GpRD en la región. Estudió Economía en la Universidad Santa María en Guayaquil, Ecuador, y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Syracuse, Nueva York, donde fue becario Fulbright.
