Ve AI "epidemia" de desapariciones en México

La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe llamado "Un trato de indolencia".

Mediante un comunicado, el organismo plantea que en Chihuahua y el resto del país se reflejna "las graves deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero en septiembre de 2014".

“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, según el comunicado.

El estudio referido asegura que México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.

"Cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados", sentencia.

En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado, considera el estudio.

"(El gobierno) se empeñó en seguir una sola línea de investigación -la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local-. La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas", sigue.

La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando y los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de video, asegura.

El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de lo que consideran incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi mil 700 personas han desaparecido en todo Chihuahua, documenta.

En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.

"Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta".

Normalmente, prosigue, la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles.

ml