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En el operativo de desalojo de la autopista 135-D, en inmediaciones de Nochixtlán, Oaxaca, hubo fallas de planeación antes, ausencia de normas de coordinación durante y errores de investigación después, concluyó ayer la comisión legislativa que dio seguimiento a los hechos.
El grupo terminó ayer sus funciones y entregó su reporte final a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mientras afuera del Senado, en la calle, un grupo de 70 personas, supuestas víctimas de ese poblado, intentaron ingresar para escuchar el informe, mismo que desautorizaron porque, explicaron, sus versiones no fueron escuchadas.
La senadora Mariana Gómez del Campo, quien fuera presidenta de la Comisión, destacó: “Queremos que se haga justicia, que se sepa la verdad, que se respeten los derechos humanos en este país y hacer lo necesario también para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones”.
En el documento, de 178 páginas, los legisladores evidenciaron fallas en diversos momentos del operativo, aunque éste fue exitoso, pues ocurrió en 15 minutos y sin violencia, pero hubo errores que impiden aclarar por qué derivó en la muerte a ocho personas.
Por principio, “no obra documentación que permita conocer si existió denuncia formal presentada por el ataque a las vías generales de comunicación, en específico, por el bloqueo” en la autopista 135-D en las cercanías de Asunción Nochixtlán.
No hay certeza sobre qué autoridad solicitó la intervención de las fuerzas policiales para liberar las vías y en la planeación, “las tareas de la División de Inteligencia de la Policía Federal que se encargaría de recopilar datos para la operación policial, a fin de difundirla de manera oportuna, fue deficiente, ya que no consideró plenamente la contextualización del escenario”, por ejemplo, que en fin de semana hay más gente y un tianguis.
Además actuaron “al menos seis grupos ajenos al magisterio (…) que podrían haber participado activamente en hechos de violencia”.
Aunque el operativo se realizó con la Mesa de Coordinación interinstitucional a cargo, la comisión legislativa explicó que la actuación de ese mecanismo no está formalizado con claridad en ningún ordenamiento.
Recomendó a la Secretaría de Gobernación “establecer lineamientos para la suscripción de acuerdos en esta materia, en los que se especifiquen la solicitud expresa de intervención ante hechos similares, la responsabilidad y actividades” de cada orden de gobierno participante.
Respecto a lo que ocurrió tras los hechos, además de que la PGR no ha podido ingresar para investigar, la comisión evidenció que no hay información de que se haya solicitado al Órgano Interno de Control de la PF la apertura de expedientes para determinar si la actuación de los uniformados fue apegada a la ley y a los protocolos.
Sobre ello también deberá pronunciarse la CNDH, recomendaron los legisladores, mismos que también pidieron a la PGR “acelerar la confrontación y comparación” de elementos balísticos para determinar si coinciden con las armas bajo su custodia.
