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Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inaugura el 55 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que del 23 al 26 de agosto celebrará en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con audiencias públicas sobre asuntos de diversos países relacionados con violaciones a derechos humanos, excepto los vinculados con México.

Esta es la tercera ocasión en los últimos 10 años que el organismo sesiona en el país. Desde que el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, anunció en la sesión del 1 de agosto pasado, la Corte aclaró que durante su estancia en el país, la CorteIDH no discutirá casos relacionados con el Estado mexicano, puesto que está impedida para conocer de casos que le sean puestos en conocimiento de manera directa.

La CorteIDH no puede estudiar ni analizar presuntas violaciones a los derechos humanos presentadas por particulares, ni puede referirse al contexto general de derechos humanos del país o de determinada región, explicó la SCJN, debido a que las víctimas tienen que acudir primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia, el organismo no podrá recibir denuncias ni escuchar a víctimas mexicanas, salvo en los casos que han sido programados. En las audiencias públicas, la CorteIDH analizará la desaparición forzada de Jorge Vásquez Durand, comerciante peruano detenido por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriano en 1995, durante el conflicto del Alto Cenepa entre ambos países.

Sobre el caso existen testimonios de que se le vio a mediados de junio de 1995 en el Cuartel Militar Teniente Ortiz, en malas condiciones, a pesar de ello, autoridades policiales y militares ecuatorianas han negado que Vásquez Durand hubiera estado detenido.

Se discutirá la falta de investigación seria, diligente y oportuna del gobierno guatemalteco en la desaparición de Mayra Angelina Gutiérrez, en abril de 2000. Se argumenta que Guatemala no realizó ninguna labor de búsqueda dentro de las 48 horas siguientes a la denuncia de su desaparición y adoptó medidas mínimas para encontrarla y también recibirá información sobre las medidas tomadas por Colombia para proteger a familiares de las víctimas de la Masacre de la Rochela.

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