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Diputados avalaron dos dictámenes sobre igualdad de género. Uno garantiza el derecho de las mujeres a la propiedad, así como el uso y disfrute de la tierra, y a la no discriminación en materia agraria; el segundo, obliga a diferentes órdenes de gobierno a nutrir el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
Uno de los dictámenes avalados, con 434 votos a favor, en pro adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que se establece que será objetivo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el fortalecimiento en materia de propiciar la igualdad de oportunidades para la población femenina en el uso y aprovechamiento de propiedades para su beneficio.
Para ello, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres en relación con los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria.
En tanto, con 410 votos en pro, se ratificó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya intención es integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.
Dicho Banco será un sistema digital en el que se concentrará el registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres.
El dictamen establece que corresponderá a la Secretaría de Gobernación coordinar, integrar y actualizar el Banco.
Además, determina que las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, deberán proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna a ese Banco.
También, precisa que corresponderá a las entidades federativas y a la Ciudad de México crear, coordinar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.
Al fundamentar los dos dictámenes, los cuales fueron remitidos al Senado de la República, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández del PRI señaló que la discriminación, apatía, falta de compromiso y violencia sistemática contra las mujeres y las niñas representan los principales obstáculos para el desarrollo.
“Tal desigualdad retrasa el progreso, el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en México”.
