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Legisladores, funcionarios, especialistas, titulares de órganos control y entidades fiscalizadoras se manifestaron por fortalecer los mecanismos legales para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental.

Durante la XXV Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dijo que honrar el Estado de Derecho en el mundo contemporáneo implica poner en alto un valor fundamental dentro del propio Estado: el  de la rendición de cuentas.

"En ese sentido, rendir cuentas es honrar el Estado de Derecho y es honrar, también, la historia de casi 100 años de nuestro país en nuestra materia constitucional", señaló.

En el Teatro de la República, subrayó que esta Asamblea hemisférica se da en el marco de dos políticas fundamentales que el presidente Peña ha encabezado:

Por un lado, impulsar el México con responsabilidad global, y por otro, generar las reformas necesarias para transformar el país, entre ellas, la de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, advirtió que el Poder Legislativo es el último bastión de la opacidad en el manejo de los recursos públicos en México.

"No omitimos, frente a estos fenómenos profundos de transformación, decir y afirmar que lamentablemente aun el Poder Legislativo es uno de los últimos reductos de opacidad, que es ya por supuesto infranqueable la necesidad y el deber que tenemos de superar esa asignatura  pendiente", señaló.

Confió en que será la LXIII Legislatura quien lo haga porque, dijo, tendrán la razón legal para vigilar a quien vigila pero no la razón moral de seguir haciéndolo mientras no se ciñan a las mismas normas y exigencias para los demás sujetos obligados.

El legislador se manifestó por ciudadanizar al propio sistema de fiscalización, a fin de que  la sociedad se empodere y haga suya ,  verdaderamente, la capacidad de vigilar el origen y destino de los recursos púbicos.

"Con ello estoy cierto se revertirán todas las sombras y abusos de poder que tanto han afectado la credibilidad", dijo.

En su intervención, Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, consideró esencial que las entidades fiscalizadoras superiores estén dispuestas a someter su gestión a examen, recurriendo a instituciones con el prestigio y capacidades técnicas, necesarias para rendir un diagnóstico objetivo.

Asentó que esta actividad representa un contrapeso indispensable para el equilibrio de los poderes y pretende constituirse en garante del interés público.

Portal Martínez dijo que muestra de ello es la presentación del informe preliminar de la revisión entre pares, llevada a cabo por la OCDE, acerca de la contribución de la fiscalización a la gobernanza pública.

Señaló que la labor fiscalizadora enfrenta en ocasiones un entorno complicado, puesto que existe una concepción generalizada de que la revisión de la gestión gubernamental implica por naturaleza un clima de confrontación entre el auditor y el ente auditado.

"Desde nuestra perspectiva, esta situación no tiene por qué existir, nuestro objetivo y responsabilidad es ayudar a mejorar la Administración Pública y procurar el mejor uso de los recursos del Estado", puntualizó.

Dijo que en ocasiones la existencia de problemas recurrentes en distintas naciones hace que la apreciación de la ciudadanía caiga en generalizaciones, "muchas veces comprensibles", o bien demande medidas efectistas que no representan una respuesta de fondo a problemas de carácter estructural.

En su intervención, el gobernador Francisco Domínguez Servién, advirtió que las instancias públicas no pueden asumir la tarea de fiscalizarse por sí mismas sin riesgo de caer en la simulación. Se pronunció por instancias profesionales y capacitadas que brinden  certeza a la ciudadanía.

Enfatizó que la sociedad mexicana exige gobiernos abiertos y modernos, ceñidos en el marco estricto de la ley, los principios de rendición de cuentas y el escrutinio público. Esto es una mayor transparencia y compromiso del Gobierno por parte y exigencias de una participación ciudadana.

Subrayó que la fiscalización y el control gubernamental por parte de organismos autónomos favorecen el buen uso de los recursos y la rendición de cuentas; garantizan la transparencia con objetividad y credibilidad y consolidan a las instituciones públicas, fortaleciendo su credibilidad ante los ciudadanos.

Aroldo Cedraz de Oliveira, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil -organismo que ostenta la Presidencia de este mecanismo regional- dijo que  creen firmemente que el fortalecimiento de las iniciativas existentes y el desarrollo de nuevos proyectos tuvieron el sentido de modernizar las prácticas de gestión y ejecución de auditoría, reforzar las capacidades de nuestros recursos humanos, establecer enlaces duraderos y demostrar el valor y beneficios de las instituciones de control.

ml

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