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Texto: Luis Cedeño
Miami, Florida. - Para muchos fue una verdadera sorpresa cuando Juan Guaidó se hizo de las facultades que le confiere la Constitución y se juramentó como presidente interino esa tarde del 23 de enero, frente a miles de ciudadanos que lo acompañaban. Una apuesta osada, pero calculada.
Su partido político, Voluntad Popular (VP), es el más perseguido por el régimen. Tras meses de planificación y negociaciones con la comunidad internacional, se creó la tormenta perfecta para llevar al régimen usurpador de Nicolás Maduro a la defensiva. Ya deslegitimado tras negarle a los venezolanos un referendo que claramente hubiera perdido, pretende encumbrarse en el poder sobre unas elecciones que no contó ni con el aval de los famosos chicos de Smartmatic, proveedores de la “revolucionaria” tecnología electoral, con la cual el chavismo ganó innumerables elecciones, ni de la comunidad internacional.
Frente a la clara usurpación del cargo de la presidencia que Maduro juramentara para un segundo periodo presidencial, se activaron los mecanismos constitucionales para salvaguardar las instituciones y el orden democrático establecidos en la Constitución de 1999. Esto es lo que faculta a Guaidó a asumir las funciones del Ejecutivo nacional y trazar una ruta clara para restituir el orden democrático: Cese de la usurpación –que ejercen Maduro y una camarilla militar sobre la cual sustenta su poder—, un gobierno de transición —que desde el día en que se juramenta Guaidó empieza su vigencia y accionar— y unas elecciones transparentes, sin las trampas y vicios del pasado que las hacían virtualmente imposibles de validar.
Claramente lo más difícil de esta fórmula se ha presentado en la resistencia del gobierno usurpador a dejar el poder.Y tienen razones para ello.
Primeramente muchas de las principales figuras que ahora hacen vida dentro de la camarilla de Maduro, tienen cuentas pendientes con la justicia internacional y el sistema internacional de derechos humanos. Algunos conectados con el tráfico ilegal de drogas, convirtiendo a Venezuela en uno de los principales países de tránsito, especialmente para la cocaína que se vende en Estados Unidos y Europa. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por represión estatal emprendida en contra de las voces disidentes y ciudadanos comunes que exigen un cambio. Luego, y no menos importante, los crímenes contra el erario público, que han llevado al país a la más ruin situación en cuanto a servicios públicos y seguridad alimentaria que han calificado expertos como de crisis humanitaria.
Guaidó tiene la oportunidad de dar salida a la crisis. El cómo es una variable compleja. El régimen de Maduro a través de la represión de la protesta social, sea de manera institucional o paramilitar —con los llamados colectivos— difícilmente puede ocultar su naturaleza dictatorial. Maduro poco a poco ha perdido el pudor, frente al desconocimiento internacional de su legitimidad. Esto hace la salida más compleja.
Las opciones se perfilan en tres vertientes: el régimen se quiebra bajo la presión internacional con una lluvia de sanciones que despojan al régimen de recursos y lealtades, cede a través de una negociación para garantizar salvoconducto a sus principales aliados. El segundo escenario es una situación que se genera a partir de la falta de acceso a bienes y servicios, estalla una protesta social que el régimen no puede controlar y estos abandonan el poder abruptamente en medio del caos.
Por último, se maneja la intervención militar extranjera, opción costosa para todas las partes en vidas humanas y la factura de una acción como esta la pagarán los venezolanos por muchos años.
Siempre quedan las salidas democráticas, que Maduro ha desdeñado y por ello estamos en la crisis actual. Esto pondrá a prueba el tesón de Guaidó: lograr el cese de la usurpación con el menor trauma para el país, garantizando gobernabilidad para la transición y para el nuevo gobierno producto de elecciones libres.
