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Este sábado comenzó en Madrid la cuarta Surrofair, una feria sobre gestación subrogada. En ella se distribuyen toneladas de información y pueden ponerse en contacto clínicas y agencias internacionales con padres que busquen en el extranjero una mujer dispuesta a gestar el hijo que ellos no pueden alumbrar naturalmente. Por Surrofair pasan representantes de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Grecia, los países a los que más españoles recurren para la gestación subrogada.
La organizadora del evento, Natalia Álvarez, no respondió las llamadas de EL UNIVERSAL después de que el Partido Feminista de España la denunciase por considerar que en su feria “comercia con seres humanos”. Y es que todo lo relacionado con la gestación subrogada, los llamados vientres de alquiler, suele implicar en Europa debates acalorados. Su popularidad avanza, pero se topa con el rechazo de colectivos tan variopintos como la Iglesia o la izquierda, que la consideran una explotación de mujeres sin recursos y una sublimación de la lógica capitalista de que todo se compra y se vende.
La sueca Kajsa Ekis Ekman, una de grandes militantes contra la práctica, considera que tanto la subrogación comercial (en la que media un beneficio económico para la madre) como la altruista (sólo hay una compensación por los esfuerzos y los gastos) suponen una violación de los derechos de la mujer.
A la gestación subrogada recurren parejas heterosexuales en las que la mujer tiene problemas para procrear, y parejas homosexuales o solteros que quieren tener descendencia. No hay estadísticas de cuántos niños nacen por este método porque la mayoría de países no los computan. La técnica está prohibida en una docena de naciones occidentales, como Francia, Italia o España, y en otras tantas no hay ninguna regulación específica. En otra veintena de países está permitida con diferentes restricciones —normalmente, que sea altruista, limitada a nacionales y, a veces, exclusivamente para parejas heterosexuales—, y dentro de estas naciones un muy limitado grupo son las mecas de los llamados “padre de intención” (quienes desean contratar a una gestante), caso de Rusia, Ucrania, Georgia o Kazajistán, además de ocho de los 50 estados de EU. En la Unión Europea como conjunto, el Parlamento Europeo es oficialmente contrario a la técnica, también el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, y el Consejo del Comité de Asuntos Sociales y Salud. Pero la realidad es que, incluso en los países más hostiles, varios se replanteen las restricciones. Por ejemplo, Portugal vota este día 13 una propuesta limitada a mujeres con problemas ginecológicos.
Indiferente a estos debates éticos, la demanda aumenta y en unos años las empresas dedicadas al negocio han florecido en todo el mundo ofreciendo destinos para saltarse las restricciones. Ante los conflictos legales que han ido surgiendo —y que van desde a quiénes se va a considerar como padres de los bebés hasta y qué nacionalidad corresponde éstos— tres sentencias de tribunales europeos de los derechos humanos han fallado a favor de los hijos de la subrogación. El caso más impactante fue una condena el año pasado a Italia por retirarle a Donatina Paradiso y Giovanni Campanelli la custodia del niño que tuvieron por subrogación en Rusia en 2011. Los padres han sentado jurisprudencia, pero nunca recuperarán al niño, que lleva tres años con una familia de adopción.
Grecia se ha convertido en el único país de la UE que permite que los implicados en el proceso no tengan que ser residentes estables en su suelo. Su sistema ofrece todas las garantías legales pero aún no está muy rodado y tiene limitaciones (con los homosexuales, notablemente).
Por eso el auténtico paraíso de la subrogación sigue siendo Estados Unidos. Tras los precedentes de los tribunales de derechos humanos, los países europeos aceptan la documentación estadounidense sin pegas.
De hecho, la historia de esta técnica en EU comenzó en 1975 en California. Allí, las parejas de cualquier orientación sexual pueden firmar hoy contratos de subrogación bajo el paraguas de la ley Uniform Parentage Act. Más allás del estado de California, hay ciudades como Chicago, Miami, que reciben a miles de parejas al año, procedentes de todo el mundo, en busca de un útero para su hijo.
El principal escollo es que los precios son muy altos: unos 119 mil dólares, que se amplían con cualquier problema, como un día en la incubadora o la hospitalización de la gestante.
Muchos países que ofrecían subrogaciones más baratas, como México, India y Tailandia, han ido cerrando el sistema a extranjeros por diversas razones: por no querer convertirse en un vivero de niños para países ricos, por experiencias de abusos... Y luego está la incertidumbre legal en muchas naciones. Por ejemplo, en el acta de nacimiento en antiguas repúblicas soviéticas, los progenitores suelen ser la mujer que ha tenido el hijo y el padre. Cuando el niño y los padres de intención llegan a su país de residencia, el otro progenitor adopta al bebé. Ese sistema encierra muchas ambigüedades peligrosas. Es el caso de María Teresa Gregorio Roig, de 47 años, quien lleva nueve meses encallada en Moscú porque el consulado español no reconoce que sea la madre de Karla, gestada en el útero de una rusa. El problema viene de que los óvulos tampoco son de María Teresa, por lo que no tiene relación genética con el bebé. Y a pesar de que el acta de nacimiento rusa reconoce que la niña es suya, el cónsul español asegura que no puede responsabilizarse de ello. El caso está pendiente de los tribunales.
La situación es paradigmática de los problemas que genera la no regulación en el seno de cada país, explican en Son Nuestros Hijos, la principal asociación en Europa de familias constituidas a través de la gestación subrogada. Su presidente, Pedro Fuentes, tuvo un hijo en California con su marido. Desde entonces realizan una intensa labor de presión para que la subrogación sea legal en España, donde unas mil familias tienen un hijo al año mediante este proceso. “No es lógico tener que emigrar”, explica Fuentes. “Y tenemos la sensación de que la opinión pública es favorable”.
Su apuesta es clara: “Un sistema altruista con una compensación estándar que cubra el esfuerzo físico, emocional y económico. Queremos que sea un proceso abierto en el que la gestante tenga relación con los padres intencionales, y éstos desde el primer día se comprometan a asumir que el niño que nacerá es suyo, con todo lo bueno y todo lo malo”.
Fuentes asegura que su asociación sigue un código ético que repudia la explotación, y mira de reojo la práctica comercial: “La subrogación comercial es aceptable sólo cuando la mujer es independiente intelectual y económicamente, y lo hace porque quiere”. También es partidario de que cada país ordene su legislación antes de abrirse al extranjero. “México se ha cerrado, cuando antes era un destino al que recurrían muchos españoles. Creo que hay que hacerlo para que cada uno cimente su sistema. Por ejemplo, el dinero de un europeo en India puede apabullar y facilitar ciertos excesos. Si luego ya dentro de cada país hay un desequilibrio entre la cantidad de padres intencionales y posibles gestantes, se podrían establecer convenios como los de adopción internacional”.
Brasil, la nueva sensación
En el mundo apasionante, delicado y polémico de la gestación subrogada (o, por decirlo de un modo más crudo, del alquiler de vientres), Brasil es la nueva sensación. Desparramadas a lo largo de su territorio hay más de 100 clínicas de reproducción asistida que dan el servicio de madre portadora. En ese país la gestación subrogada sólo está permitida en su carácter altruista; es decir, sin dinero de por medio. Y la madre genética (que aporta el óvulo) y la gestante (en cuyo útero se forma el bebé) deben ser familiares directos de primer o segundo grado: hermanas, madres o hijas.
“En Brasil, el carácter lucrativo de la gestación subrogada está prohibido, según la Resolución 1957/2010, y la práctica está destinada a parejas heterosexuales y homosexuales femeninas porque, justamente para evitar la formación de un negocio, la madre genética debe aportar su óvulo y ella y su pareja deben financiar todos los gastos del embarazo”, dice el abogado Luis Soares, especialista en casos de fertilización asistida. Como una pareja homosexual de varones no tiene problemas fisiológicos para tener hijos, sino de orden real o natural, la ley no contempla la ayuda para ellos.
A Brasil, donde el tratamiento in vitro puede costar alrededor de 5 mil dólares (mientras que en Estados Unidos cuesta 12 mil y en México unos 6 mil, cifras que hay que multiplicar aproximadamente por 10 para llegar al precio final de una gestación subrogada), llega gente de todo el mundo en lo que algunos llaman, irónicamente, “turismo reproductivo”. Sorprende la cantidad de parejas africanas de Mozambique o Angola, que hablan portugués. También, por supuesto, van los europeos. Pero no los estadounidenses, en cuyo país la gestación subrogada está legislada desde hace tiempo.
En el continente americano, hay países como Colombia y Guatemala donde se permite la práctica debido a la ambigüedad de sus legislaciones.
Al sur del continente, en Argentina, una de cada seis parejas heterosexuales tiene problemas de fertilidad: el Congreso estuvo a punto de aprobar la gestación subrogada en la última reforma del Código Civil, en agosto de 2015. “Hay un anteproyecto de ley para este tema en la cámara de Senadores”, dice Guillermina Pieroni, abogada especializada en fertilización asistida y presidente de la Asociación Civil Concebir. “Cuando se debatieron los artículos de maternidad y fertilidad, había un artículo que hacía mención a la gestación subrogada, pero al final no quedó. Por ahora, en Argentina, la madre de un niño es la que lo ha parido. Y estamos muy lejos, todavía, de tener una buena legislación sobre estos asuntos”.
Sin embargo, en este país existen casos de gestación subrogada: la práctica no está regulada, pero tampoco está prohibida. La ley penaliza el comercio con el cuerpo, y, por lo tanto, los casos que han ocurrido, y que han traído niños al mundo finalmente reconocidos por la Justicia como hijos de sus padres genéticos, son de carácter altruista.
Algo así ocurrió en la ciudad de Rosario en 2015. Todo comenzó en una iglesia. Una mujer iba a rezar y a pedir todos los días, y lloraba. Otra mujer solía observarla y sentía mucha pena por ella. Finalmente se le acercó y le preguntó qué la afligía. La otra le respondió que no podía tener hijos. Un año después, la mujer que lloraba donó su óvulo y su marido, su esperma; y la otra mujer lo recibió en su cuerpo y gestó al bebé. “En ese caso, hubo una autorización previa de parte de un juez”, dice la abogada Pieroni. “Pero hay casos en los que la pareja que pone los gametos genéticos y la madre gestante llegan a un acuerdo antes del embarazo, sin intención de informarlo a la Justicia porque saben que un juez tienen la posibilidad de prohibir el embarazo. Después, cuando nace el niño, la pareja y la madre gestante impugnan el acta de nacimiento, firman una de consentimiento y redactan una nueva acta de nacimiento, con el niño a cargo de la pareja. Este tipo de casos, con el niño ya nacido, suelen tener buena respuesta de parte de los jueces argentinos”.
En uno de esos fallos dictados luego del nacimiento, un juez de Familia de la provincia de Mendoza anotó, en julio de 2015: “El evento fundante de esta sentencia es justamente la voluntad procreacional, que significa el deseo de ser padres que tuvo la pareja. Esta voluntad quedó manifestada en un contrato que firmaron tanto ellos como la mujer, quien manifestó haber gestado y tenido al hijo para la pareja. En este caso da la casualidad que el material genético donado era de los dos padres, pero puede ocurrir también que sea ajeno”. El niño tenía ya siete meses de vida.
El último país de la región que legisló sobre el tema fue Uruguay, que desde 2014 tiene una ley que avala la gestación subrogada. En el pequeño país de Sudamérica, donde entre 15% y 18% de las parejas son infértiles (es decir, es un problema que sufren alrededor de 100 mil personas), la ley autoriza el alquiler de vientre, de modo gratuito, cuando la mujer padece una enfermedad que le impide gestar, y es sólo su hermana quien puede llevar el embrión. Con tres clínicas especializadas en fertilización asistida, Uruguay registra una tasa superior a la del promedio mundial en respuesta positiva: los programas de fertilización in vitro tienen una tasa promedio de embarazo de 57%; en este país, es de 70%. La ley causó entusiasmo y polémica, y la primera gestante por subrogación apareció antes de que fuera promulgada.