Venezuela: decretan emergencia económica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó ayer el estado de emergencia económica por 60 días, reservándose mayores atribuciones legales para hacer frente a la inflación, una prolongada recesión y la escasez de bienes básicos. Poco después, en su informe anual ante la Asamblea Nacional (AN), llamó a la “unión nacional” y propuso una comisión de la verdad, justicia y paz como alternativa al proyecto de ley de amnistía que impulsa la oposición en la Asamblea Nacional para la liberación de los políticos opositores presos.

Maduro acordó, apoyado en la Constitución y la ley de estados de excepción, el decreto de estado de emergencia económica para enfrentar la severa crisis que enfrenta Venezuela, agobiada por una desbordada inflación que para septiembre de 2015 alcanzó 141.5%. Desde 1996, cuando llegó a 103%, Venezuela no enfrentaba una inflación de tres dígitos.

El decreto otorga facultades al gobierno para tomar las “medidas oportunas” para “mitigar los efectos de la inflación inducida, la especulación del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”, dijo el vicepresidente del área económica, Luis Salas. El estado de emergencia económica entró en vigor ayer al ser publicado en la Gaceta Oficial. Estará vigente por dos meses y es prorrogable por un periodo similar.

Salas, también ministro de Economía Productiva, indicó que el decreto permitirá al gobierno disponer recursos especiales para atender los gastos del presupuesto; lograr financiamientos para recuperar la inversión; combatir la evasión fiscal y agilizar las contrataciones públicas y las importaciones. Agregó que el decreto será presentado a la AN en los próximos ocho días para su “consideración y aprobación”, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evaluar la legalidad de la normativa. La AN, de mayoría opositora, tendrá hasta ocho días para vetar o ratificar el estado de excepción.

Minutos después del anuncio, el Banco Central dio a conocer las cifras del comportamiento económico luego de un año de silencio: el Producto Interno Bruto del país se contrajo 4.5% entre enero y septiembre de 2015 y la inflación se elevó 108.7% en el mismo lapso. La economía acumula siete trimestres consecutivos de contracción.

“Vamos a ver si [la oposición] aprueba [el decreto]. Muy difícilmente lo harán porque ellos son los generadores de la guerra económica”, opinó el diputado Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del partido de gobierno. El diputado opositor José Guerra consideró que aunque el Congreso tiene la potestad para revisar y aprobar el decreto, es muy posible que el gobierno lo aplique sin autorización del Legislativo.

Ente las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó están el control del presupuesto sin contraloría de la Asamblea, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la posibilidad de establecer límites máximos de acceso a moneda local y extranjera.

Pasadas las 5 de la tarde el mandatario inició su mensaje anual al país en la AN, donde reconoció al diputado opositor Henry Ramos Allup como “jefe y líder político de la oposición venezolana”, aunque cuestionó el retiro de retratos del fallecido presidente Hugo Chávez y del prócer Simón Bolívar. Maduro llamó “a un diálogo constructivo, para la construcción de una nueva economía”.

“Propongo que establezcamos una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria que sea presidida por un venezolano o una venezolana de confianza pública que establezca las bases legales y jurídicas para ir a un proceso de paz y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos”, precisó, ante la advertencia opositora de que buscará la amnistía para los que considera “presos políticos”.

En la sesión especial hubo un intercambio de críticas entre el gobernante y diputados de la oposición. Maduro rechazó el plan opositor de aprobar una ley que otorgará la propiedad a los beneficiarios del programa estatal “Gran Misión Vivienda Venezuela”. “Nosotros hemos construido un millón [de viviendas], y ustedes creen que nosotros nos vamos a calar [aceptar] que las privaticen. ¡No, no y no vamos a permitirlo! Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización”, advirtió.

En su respuesta, Ramos Allup afirmó que el Parlamento va a “va legislar y a controlar” el trabajo del Ejecutivo venezolano.