Washington.— El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que pedirá a la Corte Suprema que revierta la decisión de un tribunal que bloqueó decretos del presidente, Barack Obama, destinados a proteger a millones de inmigrantes ilegales de la deportación.

El Departamento de Justicia dijo que apelará una decisión del quinto Tribunal del Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans, que confirmó el lunes un dictamen de una corte inferior que frenó las iniciativas de Obama sobre inmigración.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (...), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EU y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush, quien subrayó que buscarán “una revisión de la Corte Suprema de EU”.

La Corte Suprema, máxima instancia judicial del país, primero deberá decidir si escucha el caso y luego, en caso de aceptar, someterlo a escrutinio.

Por lo pronto, el efecto inmediato de la decisión de la Corte de Apelaciones es la continuidad del bloqueo de los decretos de Obama, lo que impide que millones de familias en todo el país puedan solicitar ser excluidos de las listas de deportación de las autoridades migratorias.

La conocida Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, anunciada por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales. Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que Obama excedió sus poderes presidenciales al obviar al Congreso. Una coalición de otros 15 estados más el Distrito de Columbia han decidido unirse para defender el decreto de Obama.

Congresistas republicanos y grupos a favor de mayores restricciones a los inmigrantes sin documentos halagaron la decisión de la Corte de Apelaciones, que el presidente de la comisión judicial de la cámara baja Bob Goodlatte calificó como una “victoria para la Constitución el pueblo estadounidense”.

En contraste, organizaciones proinmigrantes pidieron al gobierno presentar el recurso ante el Supremo.

México lamenta fallo. El gobierno de México, consideró, a través de un comunicado emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores que la instrumentación de ambos programas de acción diferida, además de ofrecer certeza jurídica a la comunidad migrante, fortalecerían a las comunidades en donde residen al facilitar su plena integración, además de ser un reconocimiento a sus importantes contribuciones a la economía y a la sociedad de Estados Unidos. Reconoce la intención del gobierno estadounidense de agotar todas las instancias procesales para lograr revertir la decisión de la Corte de Apelaciones.

En tanto, grupos como America’s Voice, United We Dream y el el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés) dijeron que el 5 de noviembre enviaron invitaciones a los aspirantes presidenciales con el objetivo de que asistan a una cena con familias de indocumentados. La idea es que los candidatos descubran “que el amor que se tienen uno a otro vale cualquier sacrificio que hayan hecho para venir a EU para lograr una vida mejor”, dijo Sulman Arias, portavoz de FIRM.

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