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Ayer domingo hubo elecciones autonómicas en Cataluña en las que se elegía a los 135 diputados que formarán el Parlamento de esta comunidad autónoma. Sin embargo, el presidente catalán, el nacionalista Artur Mas (Convergencia Democrática de Cataluña), las presentó como un plebiscito sobre la independencia, y por primera vez en la historia varios partidos políticos unidos en plataformas llevaron en sus programas electorales la separación de España como uno de sus promesas. De manera que durante la campaña electoral los ciudadanos en lugar de escuchar promesas sobre cómo luchar contra la corrupción, cómo mejorar la sanidad y la educación y cómo lograr bajar las cifras del desempleo y de la pobreza, sólo oyeron hablar de independencia. Unos esgrimieron argumentos a favor y otros en contra. La participación fue histórica: el 77 por ciento de los catalanes acudieron a votar. Y los partidarios de la independencia ganaron en escaños. Es decir, sumando sus votos obtuvieron los 68 que da la mayoría absoluta. Pero no ganaron en votos. Fueron un 52,2 por ciento los que votaron en contra de la independencia y un 47,8 por ciento a favor.
Pese a ello Mas anunció ayer que comenzará su hoja de ruta hacia el separatismo. Un camino lleno de incógnitas y hoy por hoy contrario a la Constitución española. Así que en Europa están preocupados ante lo que pueda ocurrir y ante el efecto contagio que pueda tener en otras regiones que también quieren separarse de sus estados. Desde el año 2004 la Comisión Europea ha dicho que “si una región se independiza de un Estado miembro los tratados dejarán de aplicarse en ella por el hecho de esa independencia. Se convertiría de nuevo en un país tercero y debería solicitar su ingreso”. Y para lograr su ingreso, además de ponerse a la fila de los que ya lo han solicitado, tal y como recordó hace unos días el primer ministro británico David Cameron (quien vivió el referéndum en Escocia), deberá obtener los votos a favor de los 28 estados miembros. Lo que dificulta mucho el acceso.
Así que en el momento en que Cataluña saliera de la UE los tratados dejarían de aplicarse en su territorio, la comunidad autónoma dejaría de recibir subvenciones y volvería a pagar aranceles, con lo que las exportaciones catalanas a España y al resto de la UE se verían dificultadas. Pero además, no podría participar en la gestión de la política monetaria común ni en los mecanismos de liquidez ofrecidos por el Banco Central Europeo (BCE). Y teniendo en cuenta que Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas que más deuda tiene: 66.813 millones de euros, un 32,8% de su PIB en junio pasado, sus títulos no constituirían una garantía aceptable para el BCE; y los bancos catalanes no podrían acudir al BCE en busca de financiación ni al Fondo de Rescate (MEDE). Por lo tanto financiar a los bancos catalanes sería más caro, los catalanes tendrían que pagar más por sus créditos y sus ingresos caerían.
Y ¿qué pasaría con el euro? Tampoco se sabe, pero en el caso de que el gobierno catalán tuviera que crear su propia moneda, en un primer momento perdería parte de su valor.
En cualquier caso las consecuencias son imprevisibles. Los más negativos hablan de que la economía catalana caería un 20 por ciento, la tasa de desempleo alcanzaría el 37 por ciento frente al 19 por ciento actual y las pensiones serían sólo de 350 euros mensuales (un 44 por ciento menos de media). Mientras Artur Mas insiste en que la UE no expulsaría a 7 millones de ciudadanos y que Cataluña seguiría formando parte de ella. Sin embargo, hoy, un día después de las elecciones, la pregunta clave es si Mas a partir de ahora tiene legitimidad para comenzar un proceso independentista en una comunidad autónoma en la que el 52 por ciento de los ciudadanos no quiere dejar de pertenecer a España. La respuesta es clara: No.
jram
