Después de que 2018 cerrara como el año con más violencia homicida de la historia contemporánea de nuestro país, el primer trimestre del presente año no inicia con mejores noticias, por el contrario, en este periodo se presentó el mayor número de carpetas de investigación desde 1997, es decir, desde que se tienen registros oficiales, con 7 469 homicidios doloso y feminicidios, donde se registraron 8 737 víctimas. La media diaria nacional fue de 97.08 víctimas en los primeros tres meses de 2019, pero en febrero alcanzó un promedio de 102.68 víctimas por día.

En el ámbito estatal, el mayor número de víctimas por estos delitos durante el primer trimestre de 2019 se presentaron en: Guanajuato con 951, Estado de México con 790, Jalisco 732, Baja California con 649, y Chihuahua con 579. En cuanto al ámbito municipal, en este mismo periodo, el mayor número de carpetas de investigación se registró en: Tijuana, Baja California con 473; Ciudad Juárez, Chihuahua con 273; Acapulco, Guerrero con 161; Guadalajara, Jalisco con 125; y León, Guanajuato con 115. Es importante aclarar que a nivel municipal solo se publican cifras de carpetas de investigación, lo que significa que puede haber más de una víctima por carpeta.

La tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso y feminicidio es un indicador que mide la frecuencia ocurrida en un periodo de tiempo en relación con la población total.

La tasa nacional en el primer trimestre de 2019 fue de 6.94 víctimas por cada 100 mil habitantes, superior en 8.75% a la tasa del mismo periodo de 2018. Las entidades con las tasas más altas en el primer trimestre de 2019 se presentaron en: Colima con 22.56, Baja California con 17.63, Guanajuato con 15.87, Chihuahua con 15.04, y Morelos con 13.74.

En tanto que, los municipios con las mayores tasas fueron: Salvatierra, Guanajuato con 33.75; Manzanillo, Colima con 32.39; Salamanca, Guanajuato con 32.14; Playas de Rosarito y Tijuana, Baja California con 29.37 y 25.94, respectivamente. Destaca que, de los primeros 23 lugares, ocho municipios pertenecen a Guanajuato (Silao, Valle de Santiago, Irapuato, Pénjamo, Acámbaro y San Francisco del Rincón). Es preciso aclarar que únicamente se consideraron los municipios con una población mayor a 100 mil habitantes.

Lamentablemente la incidencia delictiva se ha generalizado, y se puede observar al comparar las cifras de los primeros tres meses de 2019 respecto al mismo periodo de 2018; donde nueve de los 12 principales delitos de alto impacto muestran incrementos: homicidio doloso y feminicidio (9.79%), secuestro (36.59%), extorsión (44.52%), trata de personas (34.29%), robo con violencia (4.52%), robo a negocio (10.98%), robo a transeúnte (14.60%), violación (24.46%), y narcomenudeo (13.60%).

Asimismo, desde 1997, el número de carpetas de investigación en el primer trimestre de 2019 se coloca en: 1° lugar en homicidio doloso y feminicidio, extorsión, robo a negocio, y narcomenudeo (este último desde 2015); 2° lugar en trata de personas (desde 2015), robo con violencia, y violación; y 3° lugar en secuestro del fuero común. La delincuencia dejó de ser un problema focalizado y se ha distribuido en la mayor parte del territorio nacional, en este contexto, se observa que 24 entidades ocupan por lo menos un lugar en las primeras cinco posiciones (tasas) en 12 delitos de alto impacto.

El aumento de la inseguridad ha llevado a la población a que, de manera individual o colectiva, respondan con mayor violencia a los ilícitos, al grado de asesinar a presuntos delincuentes. Cada vez son más los casos de la aparición de “justicieros” o de linchamientos. La sensación de vacío de poder, la lenta o nula respuesta de las autoridades y, sobre todo, la percepción de que los criminales no reciben el castigo que merecen, son los factores principales que han llevado a lo que erróneamente se denomina como “justicia por propia mano”, pero lo que en realidad implica es un debilitamiento en el Estado de Derecho.

Posiblemente, somos el único país donde las cifras oficiales de incidencia delictiva se dan a conocer con tanta frecuencia, (cada mes), esta información es reportada por las procuradurías y fiscalías estatales y es publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); toda esta información debería servir para generar estrategias y políticas concretas en materia de seguridad pública, primordialmente en la reducción de homicidios.

En este sentido, resultan aventuradas las declaraciones del Ejecutivo cuando habla de reducción de asesinatos diarios, y sobre todo, lo declarado el 22 de abril del presente año durante la conferencia de prensa matutina realizada en el Museo Naval, ubicado en el Puerto de Veracruz, al considerar que en un plazo de seis meses podrá reducirse la violencia en el país; principalmente porque la Guardia Nacional no estará operando al 100% en ese plazo, además de que los resultados no serán inmediatos.

Coordinador de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano
@JuanJoGiSa
@ObsNalCiudadano

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