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Envuelta en la polémica y después de una agria discusión no exenta de descalificaciones, la semana pasada fue aprobada la Ley de Seguridad Interior que tiene como uno de sus principales objetivos definir el papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. Es claro que, a pesar de la grave crisis de inseguridad que padece el país, la gran mayoría de los gobiernos locales no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no cuentan con cuerpos policiacos profesionales y capacitados para enfrentar los desafíos que representan las bandas delincuenciales. La solución que se ha encontrado —que evidentemente no es la mejor solución— es la participación del Ejército en funciones policiales. Ante esta realidad, resultaba indispensable establecer un marco legal para su actuación que entre otras cosas, marque con claridad un punto final para que el Ejército regrese gradualmente a los cuarteles. Una nación del tamaño y con los recursos que tiene México no puede permitirse la negligencia de no formar cuerpos policiales y dejar permanentemente a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Junto con esta Ley, sería deseable que se legislara para que se pueda llamar a cuentas a los gobernadores omisos a fin de que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad y justicia.
En mi artículo anterior hice algunos comentarios por los que considero que es indispensable contar con un marco jurídico que dé certeza a la actuación del Ejército en funciones policiales. Ahora que la Ley ha sido aprobada me permito hacer una reflexión sobre el tema que me parece indispensable poner en el centro de la discusión y sobre el que habremos de tener puesta nuestra mayor atención de aquí hacia adelante: los Derechos Humanos.
Sin duda, la reforma en derechos humanos aprobada en el 2011 representó un parteaguas en la vida institucional del país. Fue un paso fundamental para que México tenga hoy un sistema legal más justo y transparente, que protege mejor los derechos de cada persona. En la construcción de esa trascendental reforma, siempre estuvo presente el que la defensa y promoción de los Derechos Humanos es una tarea de Estado, que debe convocar y unir a todos los poderes públicos. Han pasado un poco más de seis años desde su promulgación y dicha reforma sigue enfrentando grandes retos en su proceso de implementación. Me refiero brevemente a tres de los que resultan más relevantes.
En primer lugar, se requiere de voluntad política, es necesario que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos y hagan la parte que les corresponde para hacer efectiva la reforma. En segundo lugar, se requiere un fuerte compromiso institucional de todas las instancias del Estado mexicano, muy especialmente, de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. En tercer lugar, sigue siendo central contar con una participación activa de la sociedad civil. La reforma de 2011 representó un verdadero triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos en México y su trabajo y su exigencia sigue siendo clave para que nuestro país pueda consolidarse como un verdadero Estado democrático de Derecho.
Seguramente la polémica sobre la Ley de Seguridad Interior seguirá durante mucho tiempo. Algunos legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y varias organizaciones no gubernamentales han manifestado su intención de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a otros organismos internacionales de los que México forma parte a denunciar la Ley. Todos ellos habrán de resolver lo que corresponda y lo tendremos que acatar. Por mi parte, estoy convencido de que la Ley era necesaria, viene a llenar un vacío que a nadie conviene. No tengo ninguna duda de que es perfectible pero, preferible esta Ley que ninguna.
Abogado.
@jglezmorfin
