Más de 170 organizaciones civiles, activistas y ciudadanos se inconformaron públicamente ante la designación del abogado, Miguel Ángel Pech Cen, como nuevo fiscal de Quintana Roo.

Mediante un desplegado, colectivos, organizaciones y activistas de Quintana Roo, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo, Aguascalientes y Puebla, cuestionaron la decisión del gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín, por haber incluido en la terna enviada al Congreso local, a Pech Cen, quien fue cuestionado por su actuación sobre la operación irregular del albergue para infantes “La Casita”, ligado a “Casitas del Sur”.

También lo señala de haber permitido el escape del pederasta, Jean Succar Kuri cuando era subprocurador.

Conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, el martes pasado, la 15 Legislatura integró un listado con 10 nombres, propuestos por las fracciones parlamentarias para ocupar la titularidad de la Fiscalía General, a la que renunció Arturo Álvarez Escalera.

Una vez reunidas las formalidades correspondientes, la lista se turnó después de las 17 horas del 20 de diciembre al Ejecutivo del estado para que –en un plazo de 10 días naturales- analizara los perfiles propuestos, eligiera a tres de las 10 sugerencias y remitiera de vuelta al Congreso una terna.

Sin embargo, en menos de 24 horas, Joaquín González formuló la terna y la envió a la Legislatura minutos antes de las 11 horas del 21 de diciembre, para que el Congreso local sesionara, los integrantes de esa lista de tres, comparecieran y se sometiese a votación.

La terna del ejecutivo estatal –integrada por Lili Campos Miranda, Oscar Buenfil y Pech Cen- dejó fuera a la única abogada postulada por más partidos políticos: Aracely Andrade Tolama, quien no pudo ser votada por la Legislatura, pese a cubrir el perfil y los requisitos marcados por el 96 constitucional, además de haber sido la única propuesta por diferentes partidos.

La litigante fue postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el Revolucionario Institucional (PRI), por el Movimiento de Regeneración Nacional (PAN) y por el diputado independiente, Juan Carlos Pereyra.

En segundo lugar, Campos Vera –quien fungía como encargada de despacho de la Fiscalía- logró ser propuesta por dos partidos, mientras que el resto tuvo una sola mención.

Andrade Tolama fue quien, como representante legal de las víctimas de Succar, logró que se dictase una sentencia histórica, a nivel nacional y Latinoamérica, en agosto del 2011, en contra del pederasta –extraditado a México en abril de 2006-  y quien recibió 112 años de cárcel por el delito de Pornografía y Corrupción de Menores, que incluyó la obligación de reparar el daño por cada una de sus siete víctimas.

Además consiguió excarcelar al comunicador Pedro Canché, acusado falsamente de “sabotaje” en contra de la Comisión de Agua Potable (CAPA), en agosto del 2014 y a la periodista Lydia Cacho, en diciembre del 2005, luego de que judiciales de Puebla viajaron a Cancún para detenerla por acusaciones de difamación y calumnias, provenientes del empresario Kamel Nacif, a quien ubicó como amigo y protector de Succar Kuri.

La detención de la también escritora fue resultado de “un concierto de autoridades” –como lo calificó en su momento Andrade Tolama- que incluía al gobernador poblano, Mario Marín, a su procuradora de Justicia y a políticos de alto nivel, que pretendieron darle una “lección” a Cacho Ribeiro por denunciar la red encabezada por Succar.

Después de la comparecencia de quienes integraban la terna del gobernador, el miércoles pasado, Pech Cen fue votado y elegido por mayoría como nuevo fiscal.

“Se designó al Fiscal General del estado y nos resulta indignante que, al mejor estilo de los tiempos que creímos haber dejado atrás en anteriores administraciones, de manera poco transparente, omitiendo gravísimos antecedentes en algunos aspirantes y sin atender el clamor ciudadano de hombres y mujeres que pedían certeza en la elección, se haya designado por enésima vez a un hombre vinculado con administraciones que fueron un lastre para el estado”, reprocharon las organizaciones, activistas y ciudadanos en una carta pública.

En el escrito, que suma más de 176 firmas, señalan un “profundo pesimismo”, no sólo del proceso, sino de la designación del abogado, ante la necesidad de instituciones que “puedan investigar, perseguir y juzgar a sus antecesores, encabezadas por personas imparciales, sin intereses partidarios, que garanticen estar del lado de la ciudadanía y no del lado de políticos, delincuentes o trasgresores de los Derechos Humanos”.

“El escenario era claro, el gobernador del estado tenía la posibilidad de incluir en la terna a la abogada que, además de cubrir sobradamente con el perfil requerido, incidió para lograr una sentencia histórica (de 112 años) que permitió impartir justicia y castigar al pederasta Jean Succar Kuri por el delito de pornografía infantil.

“Sin embargo la deja fuera de la terna. En cambio, incluye en ella, al abogado Miguel Ángel Pech, que como funcionario sobre quien pesa (sic) la sospecha de obstruir la ley y la justicia también en el caso de Succar, incluso se mencionó negligencia; junto con ello se le señala por la opinión pública como alguien que entorpeció el caso relativo al tráfico de menores conocido como la Casita”, se reclama en el desplegado, mediante el cual se demanda una explicación sobre las razones para dejar fuera a Andrade Tolama y proponer a Pech Cen.

El antecedente

En octubre del 2003, Pech Cen, como subprocurador de Justicia, junto con la entonces directora de Averiguaciones Previas, Leydi Campos, filtraron anticipadamente a los medios de comunicación que Succar Kuri sería capturado, lo que advirtió al empresario, quien huyó de Cancún en la cajuela del automóvil de quienes fungían como sus abogados, de acuerdo con la narración de Wenceslao Cisneros, ex abogado del hoy preso y sentenciado a 112 años de cárcel por el delito de Pornografía Infantil.

En 2008 Cisneros renunció a representar a Succar y narró cómo los abogados Andrade ayudaron al otrora magnate a escapar de Cancún, tras la presunta negligencia de Campos Vera y Pech Cen.

El empresario huyó hacia la Ciudad de México y, posteriormente, viajó a los Estados Unidos, en donde fue capturado el cinco de febrero de 2004, en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición, solicitada por el gobierno mexicano.

Mientras Succar, alias “El Johnny” permanecía preso en aquella nación, el proceso en su contra proseguía en Cancún, en donde se le acusaba de corrupción de menores, violación equiparada, abusos deshonestos y pornografía infantil; los tres primeros delitos, competencia del fuero común y el último, federal.

Pech ha negado haber incurrido en alguna negligencia que facilitase el escape de Succar Kuri o haber entorpecido las investigaciones.

ml

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