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Xalapa.— Una red de corrupción que fue construida hace tres décadas presuntamente por integrantes de una familia, autoridades estatales y hasta notarios, tiene al filo de la navaja a miles de veracruzanos que verían perder su patrimonio.
Aunque ya es del dominio público la acusación por la supuesta venta fraudulenta de terrenos a través de Patrimonio del Estado, donde se localizan 13 colonias de la ciudad de Veracruz, ahora la demanda por la vía civil avanza y la parte acusadora ya demostró que posee la propiedad.
La parte demandante y las familias afectadas aseguran que se cometió un gran fraude por parte de algunos hermanos Loyo y autoridades de Patrimonio del Estado, donde también estarían involucrados 11 notarios veracruzanos y funcionarios de catastro.
“Presentó las escrituras ante el Ministerio Público Cuarto, donde ella es la propietaria… No llegaron a un acuerdo con los hermanos y ella se va a un juicio civil, ella demanda a los hermanos, posteriormente a Patrimonio del Estado, a 11 notarios públicos y a las familias que viven ahí”, revela el presidente de la Unión Proletaria Pro Vivienda Popular, Martín Guzmán Apolonio.
La dueña de más de 36 hectáreas donde se encuentran colonias como la Hidalgo, Prolongación Hidalgo, Vías Férreas, Sector Popular, Reyes Heroles y parte de Chiveríaes, Alicia Loyo Díaz, quien podría obtener la nulidad de los títulos de propiedad que tienen entre 3 mil y 4 mil 200 familias.
Cuando se encontraba en España, algunos de sus hermanos en presunto contubernio con autoridades estatales lotificaron y vendieron terrenos que no eran de su propiedad.
Con esfuerzos en los años 80 las familias pagaron por los terrenos donde construyeron sus viviendas. En el caso de Apolonio, como lo conocen en el puerto, pagó 150 mil pesos de aquella época para adquirir un lote.
Las familias pidieron apoyo al ayuntamiento de Veracruz, por lo que las autoridades de la administración del alcalde Ramón Poo intervienen en la demanda; sin embargo, no hay respuesta favorable para ninguna de las partes.
La parte demandante —según su equipo de abogados— está en espera de la solución jurídica, pero también estaría dispuesta a escuchar propuestas políticas, porque saben la dimensión de la afectación al ganar el juicio y desalojar a miles de familias.
A decir del presidente de la Unión Proletaria Pro Vivienda Popular, la señora Alicia Loyo demanda por el terreno donde se encuentran las cerca de 13 colonias un monto de 208 millones de pesos, es decir cerca de 45 mil pesos por cada lote. “Eso es lo que la propietaria demanda”, dijo.
Patrimonio del Estado ya contestó ante el Ministerio Público y perdió el juicio porque la dependencia no es la dueña de los terrenos. Ahora sigue el juicios contra 11 notarios públicos y el Catastro, pero la demanda sigue.
En tanto, las familias afectadas podrían demandar a los hermanos Loyo, quienes vendieron los terrenos sin tener realmente la propiedad.
“Los acusaremos de fraude, vendieron tierras que no eran de ellos, que era de una hermana que tiene todo el poder porque tiene su escritura”, dice Martín Guzmán Apolonio.
Añade que la contra demanda sería interpuesta por todas las familias afectadas, las cuales se han organizado para defenderse.
