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Aguascalientes.— Un grupo de diputados del PRI y del PVEM pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que rinda un informe de la situación jurídica de Martín Orozco Sandoval, gobernador electo de Aguascalientes, respecto del proceso penal que existe en su contra desde 2010 y que fue suspendido por el fuero constitucional que obtuvo al llegar al Senado en julio de 2012.
En entrevista, el diputado priísta Luis Fernando Muñoz López explicó que la inquietud de los legisladores sobre el estado legal de Orozco Sandoval surgió después de que la alianza PRI-PVEM-PT-Panal y abogados de su candidata a gobernadora, Lorena Martínez Rodríguez, impugnaron la elección del 5 de junio pasado, aportando pruebas de que presuntamente Orozco Sandoval es inelegible por el proceso penal que tiene vigente.
Con base en el principio de legalidad, “que es lo que al Congreso le interesa”, con la pérdida del fuero se habría reactivado el proceso penal suspendido por un amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió, lo que lo haría inelegible para contender por un cargo de elección popular, aseveró Muñoz López.
Agregó que ahorita, en su calidad de gobernador electo, Orozco no goza de fuero, ya que no ha tomado posesión. “Se encuentra en una situación ambigua”, agregó.
Dentro del juicio de amparo en revisión 233/2013, el primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión a Martín Orozco, quien promovió el recurso ante la negativa de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del estado de la suspensión del procedimiento dentro de la causa penal 02/2010 hasta la conclusión de su encargo como senador. El colegiado estableció la inmunidad del quejoso por el periodo que dure su cargo.
En enero de 2010, la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes ejercitó la acción penal en contra de Orozco por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias siendo alcalde, por la venta de un terreno municipal en 2007.
El ayuntamiento autorizó la permuta de un terreno urbano por otro ubicado junto al relleno sanitario de San Nicolás, que pertenecía a la asociación Fruideo, que según indagatorias de la fiscalía, pertenece a Orozco Sandoval y a sus hijos.
Muñoz López explicó que en la solicitud escrita que diputados del PRI y del PVEM enviaron al fiscal Óscar Fidel González, se pretende que explique la situación legal del alcalde electo.
El documento fue enviado el miércoles pasado a la Oficialía de Partes de la procuraduría.
En él, los legisladores piden al fiscal que prepare un informe sobre el estado del proceso penal en contra de Orozco, y en el caso de que exista algún vacío legal, que éste pueda ser subsanado.
