Respalda Carlos Joaquín acción de inconstitucionalidad contra Congreso de Q.Roo

El gobernador electo destacó que los decretos, iniciativas y normas impulsadas por el gobernador Roberto Borge son "violatorias" del Estado de Derecho

Estados 11/07/2016 23:06 Adriana Varillas / corresponsal Cancún, Q. Roo.- Actualizada 23:06

El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, respaldó el inicio de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, iniciada por la Procuraduría General de la República, por instrucción de la Presidencia, en contra de los acuerdos aprobados por el Congreso estatal, semanas atrás.

Mediante un comunicado, Carlos Joaquín destacó que los decretos, iniciativas y normas impulsadas por el gobernador, Roberto Borge para “blindar sus actos de corrupción e impunidad al término de su gestión” son violatorias del Estado de Derecho.

Asimismo destacó el papel de la ciudadanía que se ha pronunciado en contra del llamado “paquete de impunidad” y ha condenado la ausencia de transparencia en las acciones de ejecutivo y de la Legislatura.

Previo a que se sometiera a votación el paquete legislativo, el gobernador electo exhortó a las y los diputados a frenarse y actuar con responsabilidad, en apego a la confianza que en ellos depositó la ciudadanía, al elegirlos como sus representantes.

A cambio, recibió duras criticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Borge Angulo y de los propios legisladores, quienes atribuyeron a la solicitud de Carlos Joaquín, un presunto acto de intromisión en el Poder Legislativo; incluso, quisieron manejar el exhorto como una “amenaza”.

La semana pasada, luego de las sesiones en que el Congreso aprobó –a puerta cerrada- el paquete legislativo- el abanderado de la coalición PAN-PRD, declaró que al reunirse en lujosos hoteles de Cancún para sesionar, “parecía que los legisladores locales tenían que esconderse para aprobar medidas contra el pueblo de Quintana Roo”.

Este lunes, luego de conocerse el anuncio de la presidencia de la República, Carlos Joaquín indicó que la decisión de promover la acción de Inconstitucionalidad es positiva y destacó la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente por el Congreso, “toda vez que estos paquetes de legislaciones y reglamentos, son violatorios de la ética y de la Ley”.

Que la Corte atienda el caso con celeridad: PRD

Por separado, la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool, llamó a los ministros de la SCJN a entrarle a la discusión del tema, lo antes posible, para que los temas sean resueltos antes de que el gobernador de Quintana Roo, como el de Veracruz, Javier Duarte, concluyan su mandato y con ello se finquen responsabilidades administrativas y penales, de ser el caso.

Agregó que deberán ser sujetos de sanciones, los diputados locales del PRI – PVEM y PANAL que aprobaron el paquete de impunidad, a pesar de las advertencias y la inconformidad social que exigía no designar “funcionarios a modo” en la Fiscalía General, la Auditoria Superior y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Advirtió que insistirá para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise a detalle las cuentas públicas de todo el sexenio de Roberto Borge y de los municipios de Quintana Roo que recibieron recursos federales y que fueron desviados, como el caso de Solidaridad, en la que se usaron 48 millones de pesos del ramo 28 para la renta de patrullas sin las autorizaciones adecuadas.

La impugnación debe ser total: Laura Beristain

La diputada electa por el PRD, Laura Beristain, declaró que “no sólo se espera que con el fallo de la SCJN desaparezca el Tribunal de Justicia Administrativa y se elimine la figura del nuevo fiscal, sino que además se reviertan las 31 cuentas públicas del estado, porque sabemos que fueron aprobadas mediante procesos viciados de corrupción”.

En contraste, el presidente de la Gran Comisión en el Congreso local, Pedro Flota, declaró que la impugnación sólo abarcaría las facultades de los magistrados para sancionar y actuar en materia de Anticorrupción, pues el resto del paquete legislativo aprobado no versa sobre el tema que da origen a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Presidencia de la República.

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