Tras examinar las evidencias integradas en el expediente del caso de ocho médicos del Hospital Civil Regional “Dr. Emilio Alcázar Castellanos”, en Tuxpan, Veracruz, que incurrieron en violencia obstétrica contra una mujer de 19 años, que ocasionó el fallecimiento de uno de sus gemelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

El 8 de julio de 2014, la mujer acudió al hospital, donde un primer médico ignoró en su "nota médica que la agraviada contaba con un embarazo de riesgo de gemelos, siendo primeriza, y con amenaza de parto pretérmino".

El 23 de julio, la chica regresó al hospital y permaneció internada cuatro días, sin que se le realizara un ultrasonido ni se le diera adecuada atención médica. El día 27 fue intervenida quirúrgicamente y nacieron sus dos hijos. Sin embargo, ella y su esposo luego fueron informados que uno de los bebés falleció por aspiración de líquido amniótico.
 
Desde el momento de la internación hasta el día de la intervención quirúrgica, la agraviada fue revisada por siete médicos, quienes no detectaron la gravedad de la paciente ni solicitaron su traslado al siguiente nivel de atención, sino que continuaron con el tratamiento para contrarrestar la amenaza de parto pretérmino.
 
Finalmente, el 27 de julio fue valorada por un médico ginecólogo, quien ordenó la cesárea, durante la cual se encontraron contradicciones en cuanto al fallecimiento de uno de los recién nacidos, ya que según la “nota de enfermería” se le realizaron aspiraciones de secreciones, sin reportar presencia del líquido. No obstante, en la “Hoja Única de Atención al Recién Nacido”, un médico y tres enfermeras, que participaron en la cirugía, aseguran que sí obtuvieron liquido mediante aspirado a través de sonda.

La CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y bebés —a vivir una vida libre de violencia obstétrica en agravio de la  mujer—; al derecho a la vida de uno de los recién nacidos y a conocer la verdad sobre la atención médica otorgada a la madre, atribuibles al personal de dicho hospital.

Por ello, la Comisión pide al gobierno de Veracruz tomar las medidas  necesarias para reparar el daño a los familiares del bebé fallecido, y que se les otorgue atención médica y psicológica; así como de dotar al nosocomio de medicamentos, mobiliario, equipo médico en buenas condiciones y suficiente personal.

Un sitio electrónico de la entidad difundió el caso, razón por la que la Comisión Nacional lo atrajo, al considerar que la protección de la salud es un derecho elemental, particularmente para las mujeres durante el embarazo y para los recién nacidos, a quienes se debe garantizar un servicio oportuno, con calidez y perspectiva de género.

La CNDH también solicita adoptar medidas efectivas para garantizar que los expedientes clínicos estén debidamente integrados; que el personal médico se certifique (y recertifique) ante los Consejos de Especialidades Médicas; impartir cursos y/o talleres de capacitación y formación en derechos humanos con perspectiva de género, así como del conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales.

jlcg

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