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Las decisiones estadounidenses en materia migratoria se adoptan sin tomar en cuenta a gobiernos vecinos —como el mexicano o los centroamericanos— y sin pensar en las consecuencias para los afectados: su dignidad lastimada al retrasarles por años el derecho de asilo, al recluirlos en jaulas y al deportarlos sin la oportunidad de argumentar la determinación.
En medio de estas acciones hay menores de edad perjudicados. Únicamente en Ciudad Juárez, hay casi 3 mil menores que han sido retornados desde Estados Unidos. Se encuentran acompañados, pero solo por uno de sus padres; el otro se quedó en su lugar de origen semanas o meses atrás.
La promesa para ellos fue ir a la escuela, tener acceso a una mejor vida, a mejores juguetes y hablar inglés. La realidad es muy diferente. Están en un albergue con decenas de adultos y menores en situación similar, sin certeza sobre su futuro.
Especialistas advierten que las condiciones que encaran les genera un trauma de identidad con efectos sintomatológicos de angustia, ansiedad, tristeza e inseguridad; además, carecen de hábitos o rutinas definidas, de un territorio con el que se sientan identificados y desconocen qué va a pasar o dónde van a estar el día de mañana, lo cual tendrá repercusiones en su vida adulta.
Las presiones estadounidenses para que México sea un muro ante el flujo migratorio que sube desde Centroamérica ocasionan que en la práctica se erija como “tercer país seguro”, territorio donde todo migrante debe pedir asilo antes de solicitarlo en Estados Unidos, circunstancia que se agudizó desde que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si no había contención de las olas migratorias.
En la opinión pública se debate si la actuación mexicana es de sumisión o de cooperación. Voces como la del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirman que la migración es un derecho humano y que no se vale evitar el pago de aranceles “con carne humana”. El discurso oficial, en cambio justifica el despliegue de la Guardia Nacional para asegurar el cumplimiento de la ley; “no es un delito migrar, pero tienes que registrar a los indocumentados para protegerlos” ha manifestado la cancillería.
Mientras prevalecen las discrepancias para atender la emergencia migratoria, hay seres humanos —algunos de unos cuantos años de edad— que esperan la oportunidad de una mejor vida. Oportunidad que quizá quede anulada por decisiones tomadas desde un escritorio.
