Empresas exprés, un riesgo para avances antilavado: expertos

cartera@eluniversal.com.mx

La simplificación de trámites a un menor costo puede poner en peligro la estrategia y legislación antilavado de dinero que México emprendió desde hace años, en momentos en que el país será evaluado a escala internacional por los resultados obtenidos, advirtieron especialistas.

Dijeron que la política que está promoviendo el gobierno federal de quitar a los intermediarios para abatir la tramitología, puede propiciar el anonimato, que es una de las armas fundamentales de los criminales para ocultar al verdadero propietario y el destino de los recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, algunos académicos encargados de proyectos de incubadoras de empresas y aceleradoras de negocios, consideraron que difícilmente se podrá filtrar el lavado de dinero en las nuevas Sociedades por Acción Simplificada (SAS), ya que el espíritu de la reforma va en el sentido de formalizar los negocios, pero no de evadir todos los filtros.

Hay que recordar que este año, el Grupo de Acción Financiera Sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), evaluará a diversos países para revisar si todo el andamiaje legal que se ha hecho en años anteriores por medio de reformas, ya está rindiendo los frutos que se esperaban.

Datos recientes disponibles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, indican que el año pasado sólo se interpusieron más de 72 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) derivadas de los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que enviaron las instituciones financieras sobre probables actos en los que existe sospecha de movimientos de recursos de procedencia ilícita.

A lo anterior se suman los miles de avisos que están generando y reportando a la UIF por medio del Servicio de Administración Tributaria, las actividades consideradas como vulnerables de ser utilizadas para el blanqueo como notarios, contadores, joyerías, empresas de blindaje, inmobiliarias, casinos y emisores de cheques de viajero entre otros.

Reprobados. El socio director de Traces Corporate Consulting, José Luis Rojas, afirmó que las SAS podrían traer riesgos, porque se puede propiciar en cierto grado el anonimato.

Destacó que México ha hecho un esfuerzo bastante loable en función de querer cumplir con las disposiciones del GAFI, pero una cosa es lo que tenemos en papel y otra cosa es la realidad del país.

“En papel sí tenemos muchas leyes que resultan ser una de las más avanzadas del mundo, tenemos un proceso de certificación de oficiales de cumplimiento que es una de las mejores prácticas del mundo; no hay ningún otro país en el mundo que está implementando las certificaciones, pero todo eso se ve ensombrecido por el aumento del crimen organizado y la corrupción”, lamentó.

En ello coincidió el director del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, Juan Miguel Alcántara, al anticipar que México reprobará la evaluación que hará el GAFI porque no tenemos resultados que presentar.

“Vamos a tener cuentas muy pobres y lamentables”, aseguró.

Según el experto antilavado, prevalecen las debilidades institucionales porque se dejó a medias medidas como obligar a las entidades federativas a crear su propia Unidad de Inteligencia, es decir conformara su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; esto para que en cado estado se pueda completar las fortalezas del Estado mexicano para poder monitorear todo el movimiento de activos y capitales en el país.

Incubadoras. De acuerdo con la experiencia del director de la incubadora de empresas de Alta Tecnología y Aceleradora de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Rafael Castillo, es muy difícil que ingrese el lavado de dinero dentro de este sector.

El emprendimiento es un sector que requiere de facilidades para su formalización, y crear Sociedades por Acción Simplificada, va por el camino correcto, aseguró.

“Uno de los trámites forzosos para crear una empresa ya sea como persona física con actividad empresarial o persona moral, significa una serie de trámites y costos que para los emprendedores muchas veces no tienen los recursos a pesar de las alianzas estratégicas con corredores o notarios”, matizó el académico.

Precisó que en promedio a un empresario le cuesta constituir su negocio por medio del corredor público entre 6 mil 500 pesos a 7 mil aproximadamente en semana y media; si es ante notario es más caro, puede ser de entre 12 mil y15 mil pesos, y tarda más de dos semanas.